Ignacio Walker: “Si no concordamos un texto aceptable, antes de su envío al Parlamento, que recoja nuestra diversidad interna, vamos a terminar por tensionar a nuestro conglomerado y a nuestro gobierno de una manera hasta ahora desconocida…”.

De los documentos y borradores que emanan del Mineduc en materia de educación superior, junto a una serie de aspectos positivos relativos al nuevo marco regulatorio, sistema común de ingreso, aseguramiento de la calidad, e institucionalidad, surgen serias dudas en torno al tema del financiamiento.

Dos son las graves deficiencias del marco propuesto para 2016, en términos de avance en gratuidad: la pretensión de llevar a cabo un “cambio de paradigma” a través de una partida y glosa presupuestarias para 2016, lo que es un despropósito, y la distribución inequitativa y regresiva de los recursos adicionales para avanzar en gratuidad para los sectores de menores ingresos.

En este último aspecto, cerca de 400 mil alumnos vulnerables, de la educación superior universitaria y no universitaria, quedarán excluidos del beneficio de gratuidad para 2016, incluyendo 250 mil de los centros de formación técnica e institutos profesionales, y 150 mil de las universidades privadas que están fuera del Consejo de Rectores (salvo por tres o cuatro universidades que se podrían incluir por los anuncios del cónclave).

Además de ser contrario a la letra y el espíritu del programa de gobierno, que contempla un “trato preferente a los y las estudiantes de menores ingresos” (p. 20), dicha medida es inequitativa y regresiva porque irá en beneficio de los alumnos vulnerables de mayores ingresos, que son los que están en el Consejo de Rectores, en perjuicio de los alumnos vulnerables de menores ingresos, que son los que están en las universidades privadas que no pertenecen al CRUCh y en los centros de formación técnica e institutos profesionales.

Proponemos que los US$ 430 millones adicionales contemplados para avanzar en gratuidad para 2016, vía Presupuesto, se distribuyan solo sobre la base de dos criterios: vulnerabilidad y acreditación.

Vayamos al tema de fondo, ya no del Presupuesto de 2016, sino del nuevo sistema de educación superior.

La filosofía fue expuesta en una entrevista de prensa por el director de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, en la que señaló: “Queremos construir un sistema basado en la oferta, donde el Estado financia instituciones para que los jóvenes puedan estudiar”, agregando que “la relación entre el estudiante y la institución es reemplazada por el Estado y la institución”.

¿Dónde está escrito en el programa de gobierno que pasaremos de un sistema de financiamiento de la demanda (alumnos) a uno basado en la oferta (Estado)? En ninguna parte (ver páginas 20 y 21 del programa).

Es más. El 30 de enero pasado aprobamos, con todos los votos de la Nueva Mayoría, el proyecto sobre inclusión (lucro, copago y selección), en el campo de la educación escolar, que mantuvo íntegramente vigente el sistema de subvención (financiamiento a la demanda).

Adicionalmente, dicha filosofía es contraria al acuerdo que adoptamos los partidos de la Concertación, en un documento de 18 páginas que suscribimos los presidentes del PS, el PPD, el PRSD y el PDC, el 2 de agosto de 2011, en medio de las protestas estudiantiles, en que optamos por un sistema de financiamiento mixto a la educación superior, con financiamiento a la oferta y a la demanda. En este último aspecto hablamos derechamente de “un sistema único de becas y crédito fiscal para la educación superior, universitaria y no universitaria”.

Finalmente, en relación con la otra frase del señor Martínez (“la relación entre el estudiante y la institución es reemplazada por el Estado y la institución”), además de ser completamente dudosa, es derechamente contraria a la doctrina del PDC.

¿Qué significa la fórmula propuesta? Ni más ni menos que dejamos a los alumnos y alumnas fuera de la ecuación (literalmente). Respondiendo seguramente a una postura ideológica de quien la formula, más que a una postura política y programática aprobada por la Nueva Mayoría, y sin ningún sustento en el programa de gobierno, bajo el prisma de querer pasar del financiamiento a la demanda al financiamiento de la oferta, es la negación de lo que doctrinariamente representa la Democracia Cristiana.

Porque, ¿qué es la demanda? Son los alumnos y alumnas, las familias, y sus preferencias. ¿Cómo se puede prescindir de esa dimensión, eliminarla de la ecuación, y estatizar la relación con las instituciones para favorecer la “oferta” (el Estado)? Es pura ideología, reñida con la doctrina del PDC y con los acuerdos de la Concertación de agosto de 2011. Deberíamos hablar de una relación Estado/instituciones/alumnos.

Como si todo lo anterior fuera poco, entre los “compromisos” que una institución de educación superior deberá asumir para acceder a fondos públicos está el de asegurar la “participación democrática dentro de cada plantel, incluyendo a los estamentos académico, estudiantil y funcionario/trabajador, en órganos de gobierno superior de la institución, con derecho a voz y a voto”. En dos palabras, consagrar e institucionalizar el cogobierno en dichas instituciones como requisito para acceder al financiamiento público.

Solo me resta decir, como senador de la Democracia Cristiana y de la Nueva Mayoría, que si no concordamos un texto aceptable, antes de su envío al Parlamento, que recoja nuestra diversidad interna, vamos a terminar por tensionar a nuestro conglomerado y a nuestro gobierno de una manera hasta ahora desconocida.

Ignacio Walker
Senador DC

Fuente: El Mercurio