U. San Sebastián concluyó que, con los criterios del Mineduc, se necesita menos que los US$ 500 millones estimados por el gobierno.

El actual sistema de becas ya contempla recursos para el financiamiento de la educación superior de los estudiantes de los cinco primeros deciles de ingreso (hasta $ 147.624 per cápita). Considerando que ya existe esta base, el Centro de Estudios de la Universidad San Sebastián realizó un estudio que arrojó que el Estado requiere US$ 165 millones extra ($ 115.000.000.000) para financiar la gratuidad para los 215 mil alumnos de las instituciones del Consejo de Rectores (Cruch) y las que cumplan con las exigencias que pondrá el gobierno (ver infografía).

El director del Centro de Estudios de la U. San Sebastián, Fabián Riquelme, explicó que para el análisis se consideraron datos del Consejo Nacional de Educación (Cned) y de la encuesta Casen 2013. Y según detalló “hemos concluido que US$ 170 millones sería lo extra que el Estado debería gastar para entregar la gratuidad en las instituciones que están siendo elegibles”. Monto que se suma a los US$ 593 millones que hoy se destinan al grupo definido por el gobierno.

En el escenario actual, por ejemplo, la beca Bicentenario está destinada a los alumnos de los siete primeros deciles, matriculados en planteles del Cruch y les financia el 100% del arancel de referencia. Ese monto es fijado por el Ministerio de Educación (Mineduc) y las familias deben buscar la manera para cubrir la diferencia entre esa cifra y lo que realmente cobran las instituciones. Esto se produce a través de becas institucionales o créditos como el CAE.

La gratuidad permitirá que los estudiantes de los cinco primeros deciles ya no tengan esta dificultad, porque los planteles no podrán cobrar copago, ya que el Estado cubrirá el costo. Así se financiará un arancel regulado (que sea de referencia recalculado), más un 20% extra de este, en caso de producirse alguna brecha entre lo que cobran y lo que proponga la nueva normativa. El resto debiera ser cubierto por la institución.

El estudio plantea también que para costear el beneficio para todos los alumnos de los cinco primeros deciles de todas las instituciones acreditadas se requerirían US$ 459 millones ($ 321.300.000.000). Cubriría los US$ 500 millones anunciados el 21 de mayo y llegaría a 475 mil estudiantes.

El rector de la U. San Sebastián planteó que “en la División de Educación Superior del Mineduc han insistido en que la gratuidad se debe implementar por la vía de aportes a las instituciones. Y de ahí se deriva el principio de que esto requiere un arancel regulado, pero se han dado mil vueltas para definir cómo calcular ese arancel regulado. Las fórmulas son muy exóticas y en realidad lo que importa es que quienes están siendo los beneficiados de esto, que son los estudiantes, no paguen”.

Falta de recursos

La sombra de que haya problemas presupuestarios para financiar el inicio de la gratuidad, y también toda la reforma a la educación superior, lleva más de dos meses rondando a las autoridades del gobierno. De hecho, según parlamentarios de la Nueva Mayoría habrá una reducción de los fondos comprometido para implementar el beneficio en 2016 e incluso se habla de que bajaría a US$ 300 millones. En el Mineduc no comentaron estos datos y en la última semana sólo señalaron que aún se mantienen trabajando con el Ministerio de Hacienda en la glosa de la Ley de Presupuestos, que regulará la gratuidad en 2016 y que se dará a conocer el 30 de septiembre.

Para el senador DC Andrés Zaldívar, el beneficio debería comenzar mediante becas y afirma que “la Presidenta tendrá que tomar decisiones dentro del marco rígido de recursos del cual no puede pasarse y decidir dónde van las prioridades”. El académico de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, concuerda en que “la fórmula más viable es extender y perfeccionar el régimen de becas y créditos, por un lado, y encontrar una formula para evitar la espiral de alza de los aranceles”.

¿Por qué el gobierno rechaza esta opción? Para Brunner, se debe a que “considera que becas y créditos son la negación del derecho social a la educación superior y un arma del neoliberalismo. Es decir, descarta la argumentación racional y prefiere recurrir a mitos insostenibles”.

Por otro lado, el director del Centro de Políticas Comparadas de Educación (Cpce), Ernesto Treviño, explica que una de las complejidades que tiene la iniciativa de la Presidenta es que “no sabemos cuál es el arancel que debe usarse para el financiamiento de la gratuidad. Es muy difícil saberlo, pues este arancel, al menos en principio, debe tomar en consideración los compromisos económicos adquiridos por las instituciones”. Y enfatiza que  no se puede financiar solamente la docencia.

Para Brunner, “el gobierno está forzado a un acto final de improvisación para lograr meter a última hora la gratuidad parcial dentro de una glosa de la ley de presupuesto”. Y en tal sentido, dijo que el país está en condiciones -económicas y de gestión- “de extender de inmediato la gratuidad a los estudiantes provenientes de la mitad de los hogares del país que tienen ingresos relativos más bajos. Las cifras de varios estudios así lo avalan. Para ello bastaría con elegir el camino de las becas y créditos y ensancharlo. Insistir en caminos alternativos, improvisados y mal diseñados, auguran una difícil discusión presupuestario y restarán todavía más confianza y prestigio al gobierno y sus políticas”.

Fuente: La Tercera