Existe acuerdo en la necesidad de hacer una reforma a la Educación Superior, para tener universidades de mayor calidad y con menor desigualdad en el acceso. No obstante, muchas de las propuestas contenidas en el proyecto de ley en discusión son negativas para el futuro del sistema, porque se basan en un diagnóstico equivocado.

Un problema legislativo es que se señalan conceptos poco comprensibles en el contexto de las normas propuestas. Una ley requiere definiciones lo más precisas posibles con conceptos que limiten al máximo las ambigüedades y potenciales conflictos de interpretación. El proyecto contiene muchas definiciones vagas, lo que requiere un trabajo acucioso de revisión.

Más allá de estar algo intrigado por comprender a qué se refiere el proyecto cuando apela a que las instituciones deberían lograr el “desarrollo de la identidad local y planetaria”, es indudable la necesidad de estar más internacionalizados. Bajando al plano local, no parece existir conciencia sobre quiénes son los estudiantes hoy, ni a quiénes deberíamos incorporar. En nuestra universidad ellos tienen los mismos puntajes PSU que en la mayor parte de las universidades chilenas, son de clase media desde un estrato relativamente acomodado hasta grupos vulnerables, la mitad son primera generación de su familia en la universidad, y el 90% recibe CAE y becas, que son apoyos estudiantiles para financiar sus aranceles. Ellos recibirán el impacto de una reforma que, más que favorecer su proceso universitario, les pondrá cortapisas y dificultará su progreso.

El aumento de cobertura ha planteado diversos desafíos para hacer realidad las expectativas de las personas y del Estado. Por cierto, se requiere incrementar la formación de postgrado, que hoy constituye solo un 7% del total de estudiantes en Educación Superior y se debe abordar la brecha educativa dentro de la fuerza de trabajo.

Consideremos que solo el 19,8% de la población mayor de 25 años tiene educación media completa. Más allá de lo financiero, el perfil de los nuevos estudiantes requiere programas que se ajusten a su trayectoria escolar, laboral y familiar, y procesos de aprendizaje que den cuenta de realidades que necesitan enfrentarse con estructuras y modalidades flexibles, para formar personas con posibilidades de participar en el nuevo escenario que enfrentarán.

Debemos tener alguna visión de las tendencias que ya se presentan en el horizonte del trabajo universitario; el proyecto carece completamente de eso, lo que lleva a que no se plantee la flexibilidad necesaria para abordar un futuro que solo podemos prefigurar difusamente. Eso es indispensable, incluso si solo consideramos que los estudiantes que ingresen el 2018, muchos ya nacidos en el siglo XXI, terminarán entre el 2022 y el 2025 al menos.

Las nuevas regulaciones no pueden tener como efecto el inmovilismo institucional ni atropellar la necesaria autonomía universitaria. Este proyecto no mira hacia adelante y generará efectos negativos en los actuales y futuros estudiantes, y en la capacidad de generar conocimientos e innovar de nuestro país.

El Mercurio, Columnas, 15 de septiembre 2017

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