Contra el tiempo, el Congreso aprobó, a fines de enero, la reforma a la educación superior. El texto cuenta con 170 artículos y ayer comenzó a ser revisado por el Tribunal Constitucional (TC).

Para este control obligatorio se van a revisar normas correspondientes a nueve artículos. Entre ellos, puntos referidos a los poderes que tendrán la Subsecretaría de Educación y la Superintendencia de Educación Superior.

No obstante, hay otro punto que se solicitó, mediante dos mensajes de “téngase presente”, que el tribunal revisará. Según el escrito que ingresó la Corporación de Universidades Privadas (CUP), la prohibición para que los controladores de las instituciones tengan fines de lucro “impone una prohibición extrema e inédita, que no apunta a la entidad misma que presta el servicio que interesa al legislador, sino que a otras personas jurídicas”. Asimismo, estima que se “contradice abiertamente”, el derecho de asociación, pues no se estaría permitiendo fundar sociedades o bien participar activamente en ellas, porque “bloquea el ejercicio de tal facultad para las personas jurídicas con fines de lucro en relación con instituciones educacionales”.

El estudio del proyecto continuará este jueves, junto con la iniciativa que fortalece a las universidades del Estado.

Fuente: El Mercurio