Contexto

En julio de 2017, el proyecto del Ley sobre Educación Superior fue enviado al Senado. Con ello, se abrió un nuevo espacio de debate sobre los alcances e implicancias de un proyecto que se refiere, principalmente, a elementos regulatorios e institucionales del sistema de Educación Superior.

El proyecto del Ejecutivo, establece cambios significativos a la actual ley de acreditación de la calidad. En él se indica la obligatoriedad de esta última en 5 dimensiones: docencia y resultados del proceso de formación; gestión y recursos institucionales, aseguramiento interno de la calidad; generación de conocimiento, creación y /o innovación además de la vinculación con el medio.

Posición CUP

  • Si bien celebramos la obligatoriedad de la acreditación, creemos que hacerlo en todas esas áreas, restringe las capacidades de las instituciones para desarrollar sus proyectos institucionales acorde a su misión y visión. Con esto, se pone en riesgo la riqueza del actual sistema que ha permitido contar con universidades de prestigio a nivel internacional y regional, al tiempo que desde las universidades preferentemente docentes, se han ampliado las oportunidades de estudio para jóvenes procedentes de los quintiles más vulnerables. Creemos que esta complementariedad es necesaria para conformar un mejor sistema de educación superior y esperamos que esta mirada de presente y futuro, pueda recogerse en el Senado.
  • Es importante destacar la inexistencia de mecanismos específicos para el financiamiento de las nuevas áreas obligatorias, lo que significará un costo económico que podría deteriorar la calidad de las IES. Tampoco se menciona cómo se va a incrementar el exiguo gasto en Ciencia, Tecnología e Innovación.
  • ¿Cuál es la justificación para hacer obligatoria la acreditación de 10 carreras de la salud y no otras de disciplinas que también son relevantes para el país? Este argumento podría esgrimirse para otras carreras fuera del ámbito de la educación y la salud. En ese contexto, compartimos con la CNA que se requiere adoptar una posición sobre si la acreditación voluntaria de carreras seguirá existiendo y establecer una fórmula institucional viable para abordar una evaluación de tamaña magnitud.