Candidato de la CUP es elegido consejero del Instituto Nacional de DDHH

El pasado 8 de marzo se realizó en el Auditorio de Conferencias del Ministerio Secretaría General de la Presidencia la elección del Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos*.El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una corporación autónoma, cuyo objetivo consiste en la promoción y protección de los DDHH de las personas que habitan en el territorio de Chile.
El abogado y Vicepresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Eugenio Díaz, quien fue propuesto por la Corporación de Universidades Privadas (CUP) para asumir como consejero, fue electo en este cargo por mayoría absoluta por los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades integrantes del Consejo de Rectores y de universidades autónomas.

El Presidente de la CUP, Daniel Farcas, agradeció el respaldo entregado al candidato de la entidad que encabeza, “creo que en esta designación hemos demostrado que, como Corporación, tenemos capacidad de convocatoria, y de sostener una posición de unidad frente a un requerimiento específico de las autoridades nacionales. Pienso que la ágil coordinación y acuerdo logrados en este caso, sientan las bases de la forma en que debiéramos actuar frente a decisiones futuras de esta misma naturaleza, a cuya resolución sin duda seremos llamados”, afirmó.

Eugenio Díaz

Abogado de la Universidad de Chile. Diplomado en Dirección de Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue Director Ejecutivo del Centro Nacional de la Productividad y la Calidad (hoy Chile Calidad). Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo del Comité de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Andrés Bello, apoyando de manera especial los procesos de acreditación de carreras y programas. Es Consultor del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) y Presidente de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile.

* La creación de dicho instituto ingresó al Congreso con urgencia simple el 15 de junio de 2005, -tres meses de iniciado el Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet-, su trámite legislativo finalizó al aprobarse en noviembre de 2009 en el Senado el veto aditivo de la ex Presidenta de la República, que se orienta a la posibilidad de deducir querellas respecto de hechos que sean delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, desaparición forzada, tortura, tráfico de migrantes o trata de personas.