Carta al mercurio:Interventor en universidades I

Señor Director:

El proyecto de ley que crea administradores para instituciones de educación superior ha recibido críticas relacionadas con su constitucionalidad, la forma como afecta el derecho de propiedad, y la autonomía, entre otros aspectos.

Se puede entender la intención de la autoridad de evitar un nuevo caso como el de la Universidad del Mar según expresiones emitidas públicamente, pero si son aceptadas las argumentaciones anteriores, la ley simplemente no lograría su propósito, a lo que habría que agregar la previsible judicialización.

En ese sentido, podría ser mucho mejor adoptar las mejores prácticas del mundo desarrollado, que pasan por incorporar en la solución, en forma preventiva y no reactiva, a las propias instituciones del sistema, protegiendo así sobre todo a las verdaderas víctimas que son los estudiantes.

Ello no solo implica convenir entre el Ministerio de Educación y la propia institución planes de mejoras que solucionen los problemas, sino, sobre todo, que las otras universidades intervengan con traspasos de estudiantes, aportes de profesores y similares, para evitar que el estudiante se vea perjudicado. Todo lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades de quienes infringieron la ley.

Incluso, un país vecino como Perú tiene una institucionalidad en la que están incorporadas todas las universidades estatales y privadas, que nombran directamente administradores en situaciones como la referida.

En otras palabras, soluciones existen y se deben abordar con la buena voluntad de todos, para por fin empezar a concentrarnos en los verdaderos problemas de calidad y movilidad social.

Dr. Ricardo Israel
Vicepresidente Ejecutivo Corporación de Universidades Privadas