Comité político y educación superior

Artículo de Ricardo Israel, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Universidades Privadas, aparecido en La Tercera online, en el que detalla los resultados que esperaba de la importante reunión sostenida en La Moneda.

El lunes 7 de septiembre, la Ministra de Educación expuso en La Moneda ante el Comité Político sobre el delicado tema de la educación superior. Cuando supe la noticia, mealegré de que Adriana Delpiano tuviese la posibilidad de interactuar con los ministros de La Moneda, ya que ha mostrado una disposición al diálogo que no caracterizó a su antecesor. Sin embargo, nada nuevo y positivo salió de la reunión. Por el contrario, la ministra dio a conocer un nuevo itinerario para el proyecto de reforma que no establece un diálogo técnico con las IES y deja solo dos meses para el trámite legislativo.

¿Qué me hubiera gustado que saliera de este encuentro?

En primer lugar, habría sido de la máxima importancia que se hubiese puesto fin a la seguidilla de anuncios y desmentidos en breve tiempo, que han sido la expresión de un grave problema: la falta de una propuesta conocida, discutida, viable y que tengafundamentos sólidos, ya que nunca se esperó que quienes se sabía desde hace tiempo iban a gobernar, llegarían a educación sin estándares técnicos esperables en un sector tan complejo, y sólo con ideas generales que más se acercaban a la consigna que a una verdadera política pública.

En segundo lugar, ansiábamos que se decidiera dar conocer el proyecto de educación superior que se ingresaría al Congreso y cuya fecha ha ido variando junto con las dificultades, autogoles y errores no forzados. Esto es fundamental, ya que las propuestas de quienes han demostrado conocer del tema, simplemente no han sido consideradas, y los documentos que han salido del Mineduc no han superado niveles mínimos, lo que ha conducido a lo inesperado: que prácticamente nadie ha quedado contento (ni instituciones privadas o estatales, ni rectores o estudiantes).

Tercero, dada la complejidad del tema, habríamos esperado que se decidiera presentar más de un solo proyecto. Ideal sería hablar de varios, ya que financiamiento, regulaciones y calidad cubren aspectos muy diversos, y persistir en un proyecto no sería diferente a hacerlo con la economía en uno solo.

También esperamos que se dijera que la nueva institucionalidad va a recoger la realidad del sistema; es decir, que se reafirme la existencia de un sector mixto público-privado, que se reconozca el hito de avanzar desde 249 mil estudiantes de educación superior en 1990 a más de un millón 200 mil en la actualidad, un verdadero logro en cobertura, lo que permite enfocarse en lo que ha estado ausente hasta el momento: la calidad. Estos números dan una idea de la diversidad del sistema, la cual no es reducible a un modelo único de universidad, que va contra toda tendencia en el primer mundo. Hay que reemplazar a una institucionalidad tan obsoleta como el Cruch -que representa a una minoría de instituciones y de alumnos-, hacia una nueva que reconozca la situación actual, y que incorpore a todos los que cumplen los requisitos que establezca la autoridad.

No puede ni debe haber discriminación alguna entre estudiantes en la misma situación socioeconómica y en instituciones de similar nivel académico, toda vez que los titulares de derechos son las personas y no ciertas entidades privilegiadas, ya que ello rompe con principios de igualdad y justicia, compartidos por todos. Lo lógico sería que los recursos fueran repartidos equitativamente entre quienes más lo necesiten, hasta donde alcancen.

Por sobre todo, se necesitan hacia adelante dos cosas:

a) Que para evitar situaciones como las que se han dado en otros proyectos y en otras áreas, debe formarse una Mesa de Trabajo con todos los actores, para que llegue al Congreso una vez que se haya dado la necesaria discusión técnica, para evitar que luego sea necesario volver a legislar antes de cumplir el año.

b) Que el periodo de transición sea claro, y en ese sentido establecer la gratuidad a través de una glosa de la Ley de Presupuesto es el peor de los caminos, ya que además de las dudas constitucionales que despierta, puede ocurrir el peor de los escenarios: es decir, que la complejidad de la reforma demore el proceso legislativo, y tal como ha ocurrido muchas veces en la historia de Chile (el caso de tantos impuestos), lo que era transitorio se transforma en permanente, en un escenario donde además la situación económica se puede deteriorar, y por cierto no se pueden quitar derechos ya concedidos.

Por eso, ¿cuál es la propuesta?

Que se presente al Congreso una legislación de educación superior que sea técnicamente sólida y donde participen todos los interesados, para que los parlamentarios hagan lo que les es propio; es decir, tomar la decisión política. Mientras tanto, en vez de la gratuidad vía glosa de la Ley de Presupuesto hay un camino mucho más simple y claro para 2016:

Gratuidad a través de incrementar las becas, de tal forma que se pueda cumplir la promesa a padres y estudiantes que nadie que no pueda pagar va a quedar afuera, ya que va a estar cubierto en el 100% de los aranceles de referencia que fijará el Mineduc.

Obstáculos no hay para lo que se propone, toda vez que el gobierno sabe la cantidad de alumnos que quiere favorecer y los recursos disponibles. Es el mejor camino dado que alumnos, familias e instituciones tienen que tener certeza desde ya. Se cumple la promesa de la gratuidad y se dispone de todo el 2016 para hacer lo lógico: sacar la legislación de educación superior, con superintendencia y estándares de calidad, y después ver dónde y cómo se ponen los recursos, a quién, y a cambio de qué.

Persistir en una glosa sin legislación e instrumentos de regulación es invitar a un tremendo error, además que lo que corresponde a falta de ley es usar el sistema conocido de reforzar al 100% las becas para la gratuidad, dentro de la legalidad vigente y cumpliendo totalmente con el objetivo y la promesa presidencial.

Fuente: La Tercera