Declaración Pública CUP – Vertebral

Nuestras asociaciones, la Corporación de Universidades Privadas Acreditadas (CUPA) y el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados (VERTEBRAL), representan a más del 50% de los alumnos de educación superior chilena. Además, este porcentaje incluye a dos de cada tres jóvenes vulnerables que siguen estudios superiores en Chile.
Nuestro trabajo se sustenta en principios comunes: autonomía, diversidad, calidad, libertad de enseñanza, derecho a la educación y pluralidad de proyectos educativos, teniendo como objetivo principal, la formación de nuestros alumnos.
Hemos contribuido a un cambio sustantivo en nuestra sociedad, permitiendo la transición de una educación superior elitista a una más democrática e inclusiva, que ha abierto oportunidades a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Gracias al desarrollo de un sistema educacional público-privado, se ha llegado a una cobertura bruta del 55%, con lo cual hemos pasado de 249 mil estudiantes de educación superior, en 1990, a más de 1 millón 200 mil, en la actualidad. Este aporte ha generado oportunidades impensables hace apenas treinta años. Los indicadores de calidad y cobertura que Chile ostenta son los más altos en América Latina, incluso respecto a países con admisión irrestricta, y han sido posibles gracias a un trabajo conjunto entre el Estado y todos los actores educacionales, estatales y privados.
En este período, incorporamos infraestructura, innovaciones, gestión y proyectos educativos en distintas áreas, con una preocupación preferente por la calidad, la inclusión y la mejora continua. También hemos contribuido a la descentralización del país, ampliando las oportunidades de estudio en regiones y localidades apartadas, aportando no solo a la equidad, sino también reduciendo la emigración hacia la capital.
La discusión en el Parlamento de una Reforma a la Educación Superior, requiere de un proceso amplio de reflexión. En ese espíritu y frente al Proyecto enviado al Congreso por el Ministerio de Educación, mediante una indicación sustitutiva, queremos plantear los siguientes puntos:

a) Es necesario para el desarrollo del país hacer cambios en la educación superior, en institucionalidad, aseguramiento de calidad, capacidad de innovación, financiamiento, entre otros asuntos. En ese sentido, es imperativo que el Proyecto de Reforma incorpore una visión estratégica del sistema de educación superior que se quiere construir y reconozca los profundos cambios estructurales que se han registrado en las últimas décadas, como la incorporación de planteles privados a la oferta educativa y donde más de la mitad de los estudiantes hoy opta por ingresar a la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP).

b) Resulta fundamental que los legisladores escuchen a cada uno de los actores del sistema y reflexionen sobre sus planteamientos, de manera que la normativa resultante sea de carácter integral, incorporando la visión de universidades públicas y privadas, y reconociendo las particularidades de la educación superior técnico-profesional (ESTP).

c) Estimamos necesario tener un debate país de manera integral y no de forma fragmentaria, como se ha venido realizando a la fecha. El anuncio sobre la puesta en marcha parcial de la gratuidad el año 2016 y 2017 hace aún más urgente el debate, pues se está legislando sobre el financiamiento, sin que se haya discutido el contenido de la reforma ni el hecho que para varias instituciones el subsidio estatal ha disminuido los recursos disponibles, con serio efecto sobre sus planes de desarrollo. No es apropiado que la política de financiamiento esté restringida a una glosa de la Ley de Presupuesto, con el riesgo que las fórmulas concretas que hemos tenido, que debieran ser transitorias, se transformen en permanentes, sin la debida deliberación y análisis, sobre todo teniendo en cuenta que son políticas discriminatorias.

d) Valoramos la mantención de la CNA como entidad independiente del gobierno, lo mismo la creación de la Superintendencia. Sin embargo, tenemos reparos respecto a las funciones y responsabilidades de esos organismos, que son excesivas en relación a los objetivos buscados, y que requerirían que el Estado contara con capacidades técnicas con altísima especialización. Sobre la Subsecretaría, no es comprensible su creación con independencia del proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología; además, se supone que tendría capacidades de planificación que son prácticamente imposibles ante el crecimiento vertiginoso de los nuevos conocimientos y las aplicaciones tecnológicas. Se plantean funciones que llevan a responsabilidades superpuestas entre las autoridades regulatorias, como en acreditación.

e) Se establece un sistema único de acceso, que establece un método de selección para predecir el éxito académico, aspecto que no es pertinente en la educación superior técnico profesional, debido a que la educación vocacional se fundamenta en modelos que consideran el perfil de ingreso de sus estudiantes, en el diseño de sus planes de estudio y se enfocan en habilitar a las personas para el trabajo. En este sentido, el actual sistema de acceso no selectivo a la educación superior técnico profesional muestra evidentes ventajas en cuanto a las oportunidades que entrega el sistema. El perfil de los estudiantes de IP y CFT difiere claramente del de los estudiantes universitarios, por lo tanto, someterlos a instrumentos comunes de medición, es una barrera que puede restringir el acceso de los primeros a la educación terciaria.

f) Los cambios que introduce el Proyecto en materia de acreditación provocarían una importante disminución de la diversidad del sistema, y reducirían la capacidad de innovación de las instituciones. En ese sentido, al enfatizar estándares que se miden con indicadores específicos, deja muy poco margen a la innovación y diversificación. En cambio la tendencia internacional es la existencia de instituciones con focalización y especialización, que coexisten con las llamadas universidades complejas.

g) El proyecto contempla financiamiento para instituciones de mayor desarrollo, sin embargo, se pide que todas las universidades incorporen investigación. Con esto, cuando se cuestiona la existencia de universidades preferentemente docentes, se desconoce la realidad internacional de países emergentes y desarrollados, e incluso las clasificaciones hechas por el propio MINEDUC. Esto no significa renunciar al desarrollo de investigación en esas instituciones, ni menos no tener científicos de nivel internacional en las instituciones de mayor complejidad, sino que reconoce que lograr eso exige contar con más recursos y que lo importante es que existan instituciones que tengan las características de universidades de investigación, ojalá entre las mejores del mundo. Resulta incomprensible que para las instituciones fuera del Consejo de Rectores, no se consideran fondos para el desarrollo de las nuevas áreas obligatorias, como son la vinculación con el medio, la investigación o la innovación en el sector técnico-profesional.

h) Por último, consideramos imprescindible definir normativas que entreguen estabilidad a las instituciones, considerando que el ciclo formativo no puede estar sujeto a decisiones anuales o de corto plazo. Las normas deben basarse en los objetivos buscados, siempre partiendo de análisis de la situación existente hecho sin pre juicios, en forma seria y basado en evidencias nacionales e internacionales, considerando el sistema educacional de provisión mixta que históricamente ha existido en Chile.

Santiago, junio de 2017.