Desafíos previos a la gratuidad

Antes de promover la gratuidad de la educación superior, se debieran abordar las discriminaciones que existen en el sistema de financiamiento y de ayudas estudiantiles…

El sistema de financiamiento de los estudiantes que asisten a la educación superior presenta diversas discriminaciones difíciles de entender y que -en justicia- debieran abordarse antes de promover un proceso gradual de gratuidad de ese sector educacional.

En términos generales, el sistema -para los jóvenes que acceden a la educación superior y tienen mérito- combina becas y créditos. Los jóvenes que provienen del 70 por ciento de menores ingresos de nuestra población acceden a este primer instrumento. La beca que reciben depende de la institución a la que ingresan. Así, en las universidades del Consejo de Rectores tienen un monto equivalente al arancel de referencia. En las universidades privadas creadas después de 1981 el valor de la beca alcanza a un monto de 1 millón 150 mil pesos, aproximadamente un 50 por ciento del arancel de referencia promedio de estas instituciones. En los institutos profesionales y centros de formación técnica, la beca alcanza para el grueso de los estudiantes a 600 mil pesos, que equivale a algo menos del 60 por ciento de los aranceles de referencia promedio de estas instituciones. Sin embargo, en estas instituciones con becas inferiores al arancel de referencias estudia el 72 por ciento de los jóvenes pertenecientes al 70 por ciento de menores ingresos. Esta discriminación es difícil de entender. Antes de promover la gratuidad en la educación superior cabría esperar que el primer paso fuese corregir esta gran discriminación.

En el diseño de su política de gratuidad, el Gobierno estaría evaluando la brecha en muchas instituciones entre los aranceles de referencia y los efectivos que cobran a sus estudiantes (en otras esa brecha no existe o es modesta). Obviamente, si esta no existiese y las becas se igualasen a los aranceles de referencia, en la práctica se establecería gratuidad para el 70 por ciento de los estudiantes en forma automática, al menos para aquellos del Consejo de Rectores, y para el resto solo si se corrige el aspecto antes mencionado. Las razones detrás de estas brechas no son únicas. El arancel de referencia intenta acercarse al costo de proveer un programa en una institución específica. Pero como consecuencia de la metodología empleada, la asimetría de información existente y la presencia de diversos subsidios históricos y actuales su definición es muy imperfecta.

En todo caso, una primera razón emerge de la comparación internacional que brindan publicaciones como el Panorama de la Educación de la OCDE. El gasto total en educación superior respecto de nuestro ingreso per cápita está en línea con otras naciones. Sin embargo, nuestros aranceles están bastante por encima. Eso podría indicar, por ejemplo, que nuestros estudiantes están pagando parte de la investigación que hacen las instituciones más complejas. Como estas son bienes públicos, deberían ser financiadas con recursos del presupuesto general más que por los estudiantes que asisten a esas instituciones. Avanzar apropiadamente en esta dimensión también parece razonable antes que pensar en gratuidad.

Luego, hay otras razones. Los aranceles de referencia tienen, en general y en la práctica, como “anclas” los aranceles efectivos de las instituciones del Consejo de Rectores. Pero todas ellas tienen una historia de aportes directos del Estado y algunas, además, una gran diversidad de programas con una multitud de subsidios cruzados en su interior, lo que lleva a que sus aranceles no reflejen realmente los costos de proveer cada uno de los programas que ofrecen las instituciones más nuevas que nunca han recibido aportes directos del Estado. Abordar esta situación de la manera que pareciera estar pensando el Gobierno -definiendo una suerte de institución modelo para acercarse a lo que deberían ser sus costos- no es evidente que produzca resultados satisfactorios en un sistema tan diverso como el chileno. Todo indica que sería más razonable avanzar en resolver las discriminaciones en el apoyo financiero a los estudiantes y en determinar de manera más precisa los aranceles de referencia, antes que impulsar una política de gratuidad.

Fuente: Emol