Discriminación a las universidades privadas

Hugo Lavados

Una de las principales definiciones del presupuesto público en materia de educación es el fuerte incremento en las Becas Bicentenario, inyección de recursos que beneficia solo a los estudiantes de universidades del CRUCH. Esto, sin duda, constituye una discriminación incomprensible que se produce entre alumnos de instituciones de distinto origen y que va en desmedro de uno de los objetivos centrales señalados por el propio gobierno y por los parlamentarios, como es mejorar las oportunidades y la distribución del ingreso en Chile.

Si analizamos el perfil de los estudiantes de las universidades privadas, observamos dos grandes características: una es que en su mayoría -excepto en un par de instituciones- provienen de familias que deben hacer enormes esfuerzos para cumplir con el anhelo de que sus hijos sigan una carrera universitaria o de nivel técnico. Más del 70%, en nuestro caso, proviene de colegios subvencionados o municipales.

En segundo lugar, si estudiamos las características tanto socioeconómicas como de rendimiento antes de su ingreso a la universidad (educación secundaria y PSU), no existen mayores diferencias entre nuestros alumnos, los de otras universidades privadas acreditadas y la mayoría de quienes ingresan a las universidades del Consejo de Rectores, tanto estatales como privadas “tradicionales”. Las entidades verdaderamente selectivas son muy pocas. Lo realmente extraño sería que fuesen distintos, considerando la estructura y resultados de la educación escolar y de la PSU, prueba en la que por definición todos los años el 50% de los que la rinden obtienen más de 500 puntos. Los alumnos chilenos son esos y no otros. 

Aproximadamente, uno de cada cuatro alumnos que egresa de Educación Secundaria, al año siguiente se matricula en una universidad.

Por eso, es incomprensible la desigualdad en los recursos asignados. Es como si a dos hermanos que estudiaron en el mismo colegio, con el mismo ranking de notas y el mismo puntaje en la PSU, el Estado les entregue un apoyo financiero completamente distinto, producto de que uno de ellos ingresa a una universidad del Consejo de Rectores y el otro a una privada. Además, es el propio Estado -a través de sus mecanismos de acreditación- el que ha determinado que algunas instituciones privadas tengan igual o mejor acreditación que algunas de las universidades tradicionales.

Es francamente contradictorio el propósito declarado de igualdad de oportunidades y mayor movilidad social a través de la educación, con la discriminación que en la práctica sufren nuestros alumnos.

En general, se observa que tanto en educación como en otras áreas claves para la protección social y para mejorar la desigualdad de oportunidades, comienza a prevalecer el concepto que más que la calidad del aprendizaje y las características de los estudiantes, lo que pasa a ser más significativo para la asignación de recursos, es el origen de la institución misma. A nivel de la Educación Superior, ello puede tener serias consecuencias, en términos de una re elitización de las universidades, excluyendo a los sectores que más han crecido con el aumento de cobertura en los últimos años, lo que sin duda contribuye a perpetuar la inequidad. A veces lo que se hace en políticas públicas dista mucho de lo que se dice, y lógicamente eso va en desmedro de conseguir los objetivos.

Fuente: Diario Financiero