Por Hugo Lavados Montes. No se deriva lógicamente que porque la educación superior sea un derecho social, deba ser gratis para todos. Su ejercicio consiste en crear condiciones para que todos tengan iguales posibilidades.

• En el debate sobre la gratuidad para la educación superior, a veces se olvida que casi todos los alumnos del 50% de menores ingresos de los planteles del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) ya tienen becas y créditos que cubren de manera total o parcialmente los aranceles y que, en muchos casos, la brecha es cubierta por subvenciones propias de cada universidad.
• Por eso, al costo total de la política, debe restarse el valor de lo que ya aporta el Fisco, si lo que deseamos es tener la magnitud del esfuerzo adicional que hará el Estado para cubrir el financiamiento de la medida. Después de todo, esa fue la argumentación dada para hacer la Reforma Tributaria que se aprobó en el Congreso en 2014.
• En realidad, desde el punto de vista del conjunto del país, el hecho de que los estudiantes no paguen arancel no es gratis, ya que los recursos necesarios los financian todos los chilenos a través de los impuestos. Tampoco se deriva lógicamente que porque la educación superior es un derecho social deba ser gratis para todos.
• El ejercicio de ese derecho consiste en generar las posibilidades para que todos los que tengan potencial para desarrollar sus capacidades puedan acceder a ese nivel educacional; eso significa fortalecer la calidad y cobertura de los niveles anteriores, además de eliminar las barreras económicas que impiden hacer uso del derecho.
• Como resulta obvio que siempre es posible utilizar los recursos que se gastan en una actividad destinándolos a fortalecer otra, existe un beneficio social positivo y mejora la distribución de los ingresos, si quienes pueden financiar su educación por sí mismos lo hacen.
• Considerando lo que debería ser una glosa dentro de la ley de Presupuesto, sin definir a priori características del sistema de educación superior, lo razonable era focalizar los recursos en un mecanismo de becas para la gratuidad, sin copago, para todos los estudiantes vulnerables.
• Era elemental no tratar de usar esta medida para fijar otros amarres a la ley que debe discutir la regulación y sin que las instituciones tengan menos recursos. Era una opción mucho más sensata que el financiamiento directo a las universidades, con una fórmula tan enredada que los rectores han pedido explicaciones ad-hoc.
• Por otro lado, no se plantea el financiamiento de los aranceles reales, y no son pocos los expertos que han advertido las complejidades que supone no hacerlo. No queda claro cómo se subsanará el déficit que experimentarán algunas universidades, ni menos cómo se enfrentarán los reclamos de quienes deberán pagar.
• Es urgente que las autoridades hagan las definiciones específicas para estos temas, especialmente para ofrecer algo de certidumbre a los estudiantes que hoy se encuentran en vilo respecto de lo que será su situación en 2016.
• A fin de cuentas, la autoridad ha insistido en la idea de que debe existir financiamiento estatal solo como subsidio a la oferta, lo que va a llevar a una gran rigidez para debatir sobre una nueva ley y a forzar los instrumentos disponibles, por los criterios que se incorporan, que hoy no están en una ley. Esperamos que esto se corrija, porque no es sensato y tendrá efectos negativos que no han sido considerados por quienes empujaron esta política.

*El autor es rector de la Universidad San Sebastián (USS).

Fuente: Pulso