Estamos ante un falso dilema

El dilema no está en insistir que todas las universidades deberían hacer investigación, sino en desarrollar un sistema universitario que promueva y vigile la calidad, cualquiera que sea el foco de la institución.

UNA característica del debate sobre nuestra educación superior es que se ha concentrado en cómo las universidades se posicionan mejor para obtener recursos públicos, entre otros temas institucionales que no apuntan a las materias verdaderamente importantes para el futuro de ese nivel educativo. El diseño de una política que pretenda el desarrollo de las universidades chilenas necesita tener una mirada de futuro, partir de nuestra realidad y aprovechar la experiencia internacional.

En relación a la categoría de universidades complejas, en los países desarrollados se observa que no más del 10% se puede definir como de alta complejidad. De acuerdo a la definición de la Carnegie Foundation, se caracterizan por tener un alto desarrollo de la investigación avanzada en múltiples áreas y diversos programas de doctorado de gran calidad, en los que se concentra la matrícula. Son las llamadas “research universities”, muy semejantes a la clasificación utilizada el Dr. Pedro Rosso para el caso chileno. Está claro que, en esos países, la gran mayoría de las casas de estudio no pertenece a esa categoría.

Si consideramos la realidad chilena, podemos constatar que las universidades complejas son dos o tres y dan cuenta de más del 60% de toda la actividad científica en Chile, con una trayectoria de más cien años. Si ampliamos la definición, podríamos identificar a un total de unas seis instituciones que realizan investigaciones y tienen programas de doctorado en algunas áreas muy específicas. 

Como es evidente, cualquier análisis que lleve a clasificar depende de la definición utilizada. Por eso es fundamental responder a la pregunta ¿qué entenderemos por universidad compleja? En cualquier caso, la complejidad es un tema de múltiples grados, en que lo más alto se identifica con lo que antes llamamos “research universities”. Ahora bien, pese a las múltiples afirmaciones respecto a que las actividades de investigación de punta son fundamentales para la formación profesional, no existe evidencia clara en la literatura internacional sobre la materia. No se ha demostrado que dicho tipo de tareas y los programas de doctorado incidan positivamente en la formación de pregrado. Sin duda son clave para el desarrollo de postgrados y  para la formación de los investigadores.

Si ponemos en el centro del análisis la formación de pregrado, tanto desde el punto de vista de sus efectos positivos sobre el desarrollo económico así como respecto a la equidad social, es necesario preguntarse sobre cómo elevamos la calidad de ese nivel.

Por otro lado, para alcanzar un alto nivel de creación en la frontera del conocimiento, con programas de gran nivel, se requiere una gran cantidad de recursos. Si comparamos los ingresos totales por estudiante de pregrado, encontramos diferencias muy significativas en nuestro propio país: la institución que podríamos llamar compleja tiene ingresos totales por alumno de alrededor de 16 millones de pesos al año; en tanto, la mayoría de las universidades estatales disponen de un monto anual de entre 3 a 5 millones. Frente a lo anterior, tenemos que definir cuáles son las posibilidades de llegar rápido al ideal de tener sólo instituciones complejas.

En consecuencia, no parece tener mucho sentido insistir en que todas las universidades deberían hacer investigación y desarrollar postgrados. El dilema no está en eso, sino en desarrollar un sistema universitario que promueva y vigile la calidad, cualquiera que sea el foco de la institución. Para eso es indispensable apoyar aún más a las pocas instituciones que pueden dedicarse a la investigación de frontera, y formar al más alto nivel a quienes pueden resolver, con nuevo conocimiento aplicando, los graves problemas del desarrollo nacional.

Fuente: La Tercera