Financiamiento estudiantil, gratuidad e inclusión

Claudio Elórtegui: “La gratuidad no es condición suficiente para que jóvenes de los sectores de menores ingresos, que logran acceder a la educación superior, puedan concluir exitosamente sus estudios. La deserción es significativamente mayor en estos jóvenes…”

Durante el presente año será presentado al Parlamento el proyecto de reforma a la educación superior. Esta reforma requiere avanzar simultáneamente en aspectos relativos a acceso, institucionalidad, calidad y financiamiento. El tema del financiamiento incluye tanto el de las instituciones como el de los estudiantes, en el cual nos centraremos en esta columna.

El financiamiento estudiantil debe constituir un componente clave, no el único obviamente, para que el sistema de educación superior contribuya de mejor forma en el avance hacia la superación de los niveles de desigualdad que prevalecen en nuestra sociedad.

Se han producido progresos significativos en las últimas décadas en el acceso de jóvenes de los grupos más vulnerables a la educación superior. Así, en el período 1994-2013, la cobertura ha aumentado desde 7% a 27% en el quintil 1, desde 8% a 31% en el quintil 2, y desde 14% a 36% en el quintil 3 (datos de encuestas Casen). Sin embargo, persisten diferencias importantes en la cobertura de diferentes segmentos socioeconómicos.

Se requiere avanzar simultáneamente en varias líneas para acelerar los logros en equidad y calidad. Por una parte, tender a alcanzar gratuidad efectiva para los estudiantes vulnerables del sistema, que estudien en instituciones que cumplan ciertas condiciones relativas a calidad y ausencia de lucro. En este sentido, parece haber un alto grado de consenso en que la gratuidad alcance, en el plazo más breve posible, a los estudiantes del 70% de la población de menores ingresos. Esto significa eliminar las diferencias que existen actualmente en relación con beneficios provistos por el Estado a jóvenes con similar condición socioeconómica, que estudian en diferentes instituciones de educación superior. En particular, urge mejorar las condiciones de financiamiento a los estudiantes vulnerables en la educación técnica de nivel superior, caracterizada por muy elevados porcentajes de jóvenes de los segmentos de menores ingresos.

Sin embargo, la gratuidad no basta, ya que la evidencia disponible muestra que ella no es una condición suficiente para que jóvenes de los sectores de menores ingresos, que logran acceder a la educación superior, puedan concluir exitosamente sus estudios, alcanzando el correspondiente título o grado. La deserción es significativamente mayor entre estos jóvenes. Revertir ello es clave para alcanzar mayores grados de equidad en educación superior. Esto requiere mejorar significativamente los mecanismos de financiamiento a los gastos de mantención, como becas de alimentación y residencia, y a los programas de apoyo para superar las carencias de la formación escolar. En este sentido, cabe celebrar iniciativas como el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) del Ministerio de Educación, orientado no solo a apoyar académicamente para ingresar a las universidades a jóvenes vulnerables, sino también para mantener ese apoyo durante los primeros años de carrera.

Como se puede apreciar, el desafío en términos del volumen de los recursos requeridos para un programa integral de inclusión en educación superior es enorme, además de las necesidades de recursos adicionales en el sistema preescolar y escolar, junto a la urgente necesidad de incrementar el magro 0,45% del producto invertido en ciencia y tecnología, sin mencionar la necesidad de mayores recursos públicos en otras áreas.

Todo lo anterior permite argumentar en el sentido de que sería un grave error de política pública la gratuidad universal en educación superior en el Chile actual, con un ingreso por habitante en torno a US$ 20.000 y una muy desigual distribución del ingreso; financiar con recursos públicos los estudios superiores de los jóvenes de los segmentos de más altos ingresos constituiría un subsidio impresentable y claramente regresivo. Ello es claramente contradictorio con la reducción de las desigualdades en nuestro país, objetivo ampliamente compartido por el conjunto de la sociedad.

Imaginemos los usos alternativos que podrían tener los más de US$ 1.000 millones anuales que significaría financiar la gratuidad para los estudiantes del 15% de la población de mayores ingresos.

Claudio Elórtegui Raffo
Rector
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Fuente: Emol