Fragilidad constitucional de la reforma educacional

El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció respecto del requerimiento de un grupo de senadores de la Alianza contra algunas normas del proyecto de ley que prohíbe la selección, el financiamiento compartido y el lucro. Si bien técnicamente el requerimiento fue acogido parcialmente, dado que una mayoría 7-3 estuvo a favor de declarar inconstitucional la norma relativa al uso de la garantía de la libertad de enseñanza en el marco de una acción antidiscriminación de la Ley Zamudio, las cinco infracciones sustantivas alegadas –en materia de admisión, obligación de los establecimientos particulares subvencionados de constituirse bajo una sola y única personalidad jurídica, prohibiciones excesivas en materia de uso de la subvención, prohibición de apertura de nuevos establecimientos educacionales y la obligación impuesta a los sostenedores de ser propietarios o comodatarios del inmueble para acceder a la subvención– fueron rechazadas al producirse un empate 5-5 entre los ministros, que fue dirimido por el presidente del tribunal.

En esta oportunidad no quisiera entrar en los detalles de cada una de las infracciones rechazadas –lo estoy haciendo a través de diferentes medios, con la carga al lector de evaluar mi parcialidad dado que fui abogado patrocinante del requerimiento por los senadores junto al profesor Miguel Angel Fernández–, sino realizar una evaluación global de esta sentencia y sus consecuencias. Quisiera referirme a tres cuestiones.

En primer lugar, se trata de una sentencia que da fragilidad constitucional a la reforma educacional. Ello ocurre no sólo por el empate 5-5 (el 50% del TC estuvo por declarar la inconstitucionalidad de las cinco infracciones sustantivas alegadas), sino que ocurre también porque la sentencia no se hace cargo de los precedentes relevantes generando un cuadro de incertidumbre jurídica.

Con mucha facilidad se invoca -por parte de los ministros que estuvieron por rechazar el requerimiento- el ya frágil precedente de administrador provisional de fines de noviembre de 2014 –en que varias normas tuvo que utilizarse el voto dirimente del presidente–, que difícilmente puede aplicarse a este caso y los ministros no entregan fundamentación alguna de su procedencia y se limitan a citar considerandos de aquella. Esto es de la mayor importancia, porque al menos en el caso del administrador provisional, la sentencia de mayoría sostuvo expresamente que estábamos ante un cambio de precedente en materia de administradores provisionales. Así, era esperable que en este caso se hiciera lo mismo: más que citar precedentes convenientemente emplazados, se dijera que se cambiaba la jurisprudencia existente por más de dos décadas en materia de libertad de enseñanza. Lo lamentable de lo anterior, es que invita a la litigación en otras sedes y a que una nueva mayoría revierta esta decisión, no generándose un precedente sólido.

En segundo lugar, la sentencia no sólo modifica radicalmente 20 años de jurisprudencia del TC en esta materia, sino que de facto se convierte en una reforma constitucional, como lo denuncian los cinco ministros que estuvieron por acoger el requerimiento: “El proyecto de ley se sustenta en valores y disposiciones propias de una Constitución distinta, que a la fecha no existe más allá de algunas aspiraciones de cambio constitucional en este ámbito expresadas por la Presidente de la República” (considerando 3º). Asimismo, “la interpretación constitucional inherente a la labor jurisdiccional de este tribunal no puede hacer caso omiso del tenor de sus disposiciones. Se podrá estar de acuerdo o no con el texto de la Constitución vigente. La deliberación y eventual controversia sobre su contenido es legítima. Y, precisamente, ese es el ámbito natural en el que, si fuera el caso, debería producirse el debate. La interpretación constitucional tiene límites y las disposiciones reprochadas en el requerimiento no tienen sustento -en nuestra opinión- en la Constitución vigente” (considerando 4º).

Finalmente, en algunas de las normas impugnadas –prohibiciones excesivas en materia de uso de la subvención y prohibición de apertura de nuevos establecimientos particulares subvencionados–, la invitación a la autoridad administrativa a complementar creativamente la ley –sea a través la potestad reglamentaria del Presidente(a) o a la dictación de normas de carácter general a la Superintendencia de Educación– es sumamente amplia; básicamente un cheque en blanco. Es cierto que entre los constitucionalistas discutimos en torno a los estándares de esta delegación que en muchos casos es obvia y necesaria, y que está autorizada al Presidente(a) en la Constitución. Sin embargo, cuando se trata de la regulación de derechos fundamentales requiere de criterios estrictos que a mi juicio en este caso no se cumplen y que la sentencia del TC sostiene que están plenamente garantizados (estándares estrictos). Lamentablemente, más por ganar el argumento que pensando de manera prospectiva, el TC abre la puerta a que una futura administración, contraria a esta reforma, la desactive o inaplique en aspectos relevantes por la vía reglamentaria.

La polarización del debate político en torno a la reforma educacional llegó con la misma intensidad al TC; la diferencia es que el texto de la Constitución y la jurisprudencia de dos décadas del TC son más bien contrarios a esta sentencia, dejando la reforma expuesta a cuestionamientos de constitucionalidad y legalidad futuros, tanto ante el propio TC como ante otros foros.

Fuente: Voces La Tercera