Glosa sobre gratuidad, CUP respaldó requerimiento de inconstitucionalidad

La Corporación de Universidades Privadas (CUP) respaldó el requerimiento interpuesto por un grupo de parlamentarios ante el Tribunal Constitucional solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la glosa presupuestaria sobre gratuidad en la educación superior. Los argumentos de la Corporación – la inconveniencia de la glosa como instrumento legal y la discriminación de 200 mil estudiantes vulnerables — fueron expuestos por el jurista Hernán Vodanovic en el primer día de audiencias.

Desde el anuncio presidencial del 21 de Mayo, en el que la Presidenta Bachelet prometió gratuidad para los estudiantes vulnerables de los siete primeros quintiles socioeconómicos matriculados en universidades del CRUCH, la CUP mantuvo una posición crítica ante la iniciativa gubernamental. Si bien respaldó la idea de otorgar gratuidad a los estudiantes más necesitados, se opuso a la forma discriminatoria en que se ofrecía el beneficio. La propuesta dejaba al margen de la gratuidad a los más de 200 mil jóvenes vulnerables que estudian en institucionales privadas de educación superior: universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

Los sucesivos cambios que sufrió la iniciativa no hicieron cambiar la posición sostenida por la Corporación. Pese a que se abrió la puerta a un eventual acceso a la gratuidad de algunas universidades privadas, el Gobierno insistió en reglamentar el programa a través de la glosa presupuestaria que le asignaba los recursos. Excediendo lo que debiera ser el contenido de una glosa, se establecieron requisitos propios de una ley especial y que tienen que ver con el financiamiento, la gobernanza y la aseguración de la calidad de las instituciones participantes.

En el rechazo de la discriminación y eventual inconstitucionalidad de la iniciativa, la Corporación de Universidades Privadas realizó una labor conjunta con Vertebral, organismo que reúne a los instituciones profesionales acreditados, y CONIFOS, Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior, que ayuda a la mayoría de los centros de formación técnica del país. Además, la CUP se hizo presente en todas las instancias legislativas en que se debatió la gratuidad para el año 2016.

Consecuente con esta conducta, la Corporación decidió ser parte del debate constitucional y por ello solicitó los servicios del jurista Hernán Vodanovic, quien había sido miembro del Tribunal Constitucional. Fue una asociación motivada por una clara coincidencia en los objetivos perseguidos. Vodanovic, no obstante ser partidario de la coalición de Gobierno, tenía el convencimiento de que la glosa sobre gratuidad adolecía de vicios de inconstitucionalidad, lo cual argumentó sólidamente ante el Tribunal.

El fallo resumido dado a conocer el día mismo de los alegatos, fue analizado por la Corporación en la reunión que al día siguiente sostuvo su Comité Directivo, bajo la presidencia del rector Jaime Vatter. Junto con valorar la importancia del veredicto del tribunal, en particular el haber declarado arbitrariamente discriminatorios los requisitos impuestos a las universidades que opten por acceder a la gratuidad, la CUP lamentó que el Gobierno, en sus primeras reacciones, insistiera que el beneficio solo será para una parte de los estudiantes vulnerables y que no alcanzará a aquellos jóvenes de la misma condición socioeconómica que estudian en la mayoría de las universidades privadas del país.