Gobierno busca nueva fórmula para el lucro tras rechazo oficialista a sanción administrativa

La idea, que concitó apoyo entre los parlamentarios del bloque, fue planteada por la ministra de la Segpres, Ximena Rincón, y tiene por objetivo sancionar administrativa, civil y penalmente, de acuerdo a la falta cometida.

SANTIAGO.- En una nueva reunión para consensuar las indicaciones del proyecto que pone fin al lucro, copago y selección, que tienen que ser presentadas antes del 2 de enero, el oficialismo rechazó la idea planteada ayer de sancionar sólo administrativamente a quienes malversen recursos públicos. La cita comenzó a las 9:00 de la mañana en el ex Congreso y reunió por tercera vez en la semana a las comisiones de Educación y Hacienda, además de los jefes de bancada y el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien se limitó a señalar a la salida que “se avanza”. Quien sí explicó las discrepancias que concita el tipo de sanciones para quienes lucren con fondos del Estado fue el senador socialista Carlos Montes, quien sostuvo que la propuesta de ayer “era sólo administrativa y no guarda relación con la gravedad de destinar recursos de educación para otros fines.

No recogía que algún tipo de conductas son penales”. “Hay una diferencia fuerte, porque algunos parlamentarios planteamos que esto es un delito. Y por lo tanto, está sujeto a las sanciones que el código establece para la malversación. Frente a esto la DC planteó que no estaba de acuerdo con que fuera de carácter penal, y se propuso por los técnicos una fórmula que era básicamente administrativa, que nos pareció que no era suficiente”, detalló Montes. Sancionar de acuerdo a la falta La nueva alternativa plantea sancionar de acuerdo a la falta cometida. Al respecto, el senador de la DC, Jorge Pizarro dijo que tuvo consenso de todos los parlamentarios. “Son sanciones duras, intimidatorias y garantizan transparencia en el uso de recursos del Estado. Todos estuvimos de acuerdo”, afirmó. El senador comentó que la propuesta que hizo la ministra Rincón “de clarificar en la norma que aquel que haga mal uso de los recursos públicos destinados a educación, va a estar sometido a las sanciones administrativas, civiles y penales, es más que suficiente”.

En esa lógica, puntualizó que “si alguien roba, tendrá que ir preso por ladrón, si alguien comete falta administrativa, tendrá las sanciones correspondientes, si alguien hace mal uso y genera fraude al fisco, será investigado y sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente”. Sobre la propuesta, el senador PS Fulvio Rossi comentó que “se va a trabajar en la búsqueda de una reacción que permita dar una señal muy clara de que este proyecto va a terminar con el negocio en la educación, va a terminar con el lucro y para eso debe haber sanciones claras, porque éste es un hecho grave”. Insistió, además, en que la sanción debe ser similar al tratamiento que se le da a un funcionario público que malversa fondos del Estado. “Si un alcalde mal utiliza los recursos, vía subvención, perjudicando la educación de los niños, recibe una sanción administrativa, civil y penal. Se ha hecho una caricatura con esto de la cárcel al lucro. No veo por qué esa sanción deba ser diferente a un sostenedor privado que recibe recursos públicos”. “Este no es un gallito” Consultado por la nueva idea del gobierno, el presidente de la DC, senador Ignacio Walker dijo que “el ministerio de Educación y el de Secretaría General de la Presidencia van a redactar una fórmula con los parámetros que ya hemos concordado entre nosotros y que es perfectamente razonable. A buen entendedor, pocas palabras”. Asimismo, enfatizó que “esto no es un gallito entre unos y otros. Estamos tratando de buscar un terreno común, pensando en Chile y quiero transmitir una señal de confianza a las comunidades educativas, porque estamos buscando la mejor forma de avanzar hacia una verdadera inclusión, fin al lucro con fondos públicos en educación, copago y a la selección”.

Fuente: EMOL