Gratuidad diferenciada

Artículo de opinión de Hugo Lavados, Rector de la Universidad San Sebastián y miembro del Comité Directivo de la Corporación de Universidades Privadas.

Se han conocido algunas propuestas sobre financiamiento universitario que el gobierno incluiría en un proyecto de ley que se presentaría este año. Como ha sido tan importante el programa de gobierno para orientar las políticas públicas, vale la pena reiterar lo que señala, respecto de que “avanzaremos gradualmente en la gratuidad universal y efectiva de la educación superior, en un proceso que tomará seis años. Durante el próximo período de gobierno,
accederán a la gratuidad al menos los estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población, abarcando extensamente a la clase media (…)”.
Pero es necesario definir de qué estamos hablando. Una opción es que gratuidad sea el no pago durante el período de estudios, lo que puede ser un crédito con pago posterior; otra es que se separe completamente quien estudió gratis del financiamiento de su carrera. Esta separación es la que está en el ideario de los dirigentes estudiantiles y de quienes están hoy definiendo los proyectos en el gobierno. Como no existe gratuidad desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, esa fórmula significa que pagamos todos.
Es importante comprender que el 70% de los hogares más vulnerables, como lo dice el programa, representa menos de la mitad de los estudiantes universitarios; esto, porque el 30% restante son los sectores de ingresos más altos, los cuales están proporcionalmente sobrerrepresentados en la educación superior. Así, después del término del actual gobierno, existirá la necesidad de financiar al 50% de los alumnos que no están incluidos en el objetivo de este período.
En el contexto actual, entre otras cosas por la gratuidad, continúan existiendo indefiniciones e interrogantes respecto al financiamiento de la educación
superior. Uno de ellos, es qué ocurrirá con el CAE, que tiene características muy beneficiosas ya que se paga en el futuro con un tope máximo del 10% del ingreso, por hasta 10 años. Otra pregunta es qué pasará con los deudores actuales, que no están incluidos en los 4 a 5 mil millones de dólares que se han estimado como gasto fiscal adicional. Además, si el arancel de referencia para la gratuidad reduce los ingresos actuales de las instituciones, se atentará contra otro gran objetivo de la reforma, como es elevar la calidad.
Deberíamos escapar del voluntarismo respecto a la disponibilidad de recursos del Estado, lo mismo sobre la definición de “derecho social”. Aunque lo indique el programa de gobierno, podemos reflexionar sobre el significado del concepto y su relación con la gratuidad.
Si la educación, en todos sus niveles, es un derecho, lo importante es que tengamos gratuidad para los que la requieren. No queremos que nadie deje de proseguir estudios hasta el nivel más alto que le permite su capacidad y esfuerzo, con apoyos para desplegar sus talentos y vocación. Pero, ¿eso significa gratuidad para todos? Podemos pensar en un viejo esquema solidario, que es cobrar arancel diferenciado por ingreso de los hogares. Podemos hablar de gratuidad diferenciada, apoyando a quienes lo necesitan; de esa forma, será
posible ejercer ese derecho social.

Fuente: La Tercera