Gratuidad injusta y discriminatoria

CON PREOCUPACION recibimos el anuncio presidencial sobre gratuidad para el 60 por ciento más vulnerable de los estudiantes de Centros de Formación Profesional e Institutos Profesionales acreditados institucionalmente o por carreras y de las universidades que conforman el Consejo de Rectores (Cruch). Conocemos sólo el enunciado y habrá que esperar por los detalles, pero lo conocido deja en evidencia una inequidad difícil de entender. Si el gobierno ha dicho reiteradamente que el término de las desigualdades es su guía inmutable de navegación, es incomprensible que la primera medida tendiente a terminar con las desigualdades en la educación superior sea injusta y discriminatoria.

Como lo demuestran las cifras oficiales y el desarrollo de la educación superior en los últimos 30 años, la gran mayoría de los jóvenes de menores recursos económicos estudia en las universidades privadas que no forman parte del Cruch. Eso significa que el próximo año, estudiantes con iguales o mayores necesidades que sus compañeros de las instituciones afiliadas al Consejo de Rectores no podrán acceder a la gratuidad ofrecida por el gobierno, pese a cumplir con los requisitos exigidos. No cabe duda de que esta es una decisión arbitraria y difícil de justificar.

Nos imaginamos que la discriminación se ha hecho en función de escasez de los recursos que se requieren para financiar el programa. Pero no podemos imaginar cuáles son las razones que se tuvieron para no aplicar el beneficio de acuerdo a las necesidades de quienes van a recibirlo. Lo que se ha hecho es discriminar a la mayoría de las universidades, todas ellas privadas, y con eso discriminar a la mayor parte de familias modestas que hacen tremendos esfuerzos para complementar el financiamiento de la educación de sus hijos.

Muchas de las universidades discriminadas están en la misma o mejor situación que un buen número de los planteles privilegiados, respecto a los requisitos que se exigen hoy para acceder al financiamiento estatal, como acreditación por institución o carreras y perfil socioeconómico de sus estudiantes. No nos será fácil explicar a nuestros alumnos más necesitados que ellos no tienen derecho a la gratuidad por el solo hecho de haber elegido una determinada universidad para desarrollar sus capacidades y progresar social y económicamente.

Esta discriminación puede generar, en el corto plazo, problemas que no queremos. Sentirse marginado injustamente de un derecho y un beneficio otorgado por el gobierno es una fuente indudable de protestas y otras medidas de presión que pueden adquirir ribetes peligrosos.

Desde que se iniciaron los contactos con el gobierno para intercambiar ideas sobre la reforma universitaria, hemos planteado dudas e inquietudes, pero también hemos presentado propuestas concretas. Teniendo conciencia de las inequidades que pudieran producirse en materia de financiamiento, hemos señalado en reiteradas ocasiones que la ayuda a los sectores con más carencias debe dirigirse a los estudiantes y no a las universidades. Las instituciones privadas conocemos mejor que nadie las penurias y sacrificios que atraviesan los estudiantes de menores ingresos, pues la mayoría de ellos es parte importante de nuestro alumnado. Por eso, con conocimiento de causa, hemos advertido de la injusticia que conllevan políticas de financiamiento como la gratuidad anunciada.

Fuente: La Tercera