Gratuidad poco convincente

En la discusión de la gratuidad en la educación superior hay dos cosas —al menos— que ilustran que La Moneda no controla, no gobierna, ni convence con esta política pública central de su programa. La primera, es el nuevo integrante del Tribunal Constitucional (José Ignacio Vásquez) que inclinó la balanza en el fallo de la glosa. Y la segunda, el alegato de inconstitucionalidad que hizo ante dicho tribunal el socialista Hernán Vodanovic. Los casos de Vásquez y Vodanovic dejan cierta desazón entre quienes piensan que la gratuidad será la piedra angular de este gobierno.

Para sorpresa de todos, el voto que terminó definiendo el fallo del TC fue el de Vásquez, un abogado vinculado a la derecha elegido en agosto pasado para sustituir al socialista Francisco Fernández. La elección de Vásquez terminó con el “equilibrio binominal” que siempre tuvo el TC, con 5 miembros de derecha y 5 oficialistas, y pavimentando el camino para que las reformas tuvieran un muro de contención en lo que algunos denominan “la tercera cámara” del trámite legislativo. La otra sorpresa que tuvo el caso fue el alegato de inconstitucionalidad de la glosa de gratuidad que presentó el socialista Hernán Vodanovic, en representación de la Corporación de Universidades Privadas y de la Universidad SEK.

Si un socialista que fue senador de la República, histórico miembro de la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara Alta y ex miembro del TC argumenta que la glosa es inconstitucional tanto en su forma como en su contenido podríamos decir que el oficialismo no tuvo mucho éxito en convencer a los principales miembros de sus filas sobre la importancia de esta iniciativa.

Los episodios Vásquez y Vodanovic pueden ser otra expresión más del descuido por los detalles que tiene La Moneda, su Comité Político y el ministerio de Justicia.

La existencia de un programa con reformas y objetivos tan ambiciosos exige cierta preocupación por tratar de unificar criterios en las filas oficialistas y no perder espacios claves para el trámite legislativo. La ausencia de esta preocupación podría hacer dudar de las intenciones que tiene el gobierno.

Fuente: La Segunda