Gratuidad vía impuestos a graduados: Mala idea

R. Espinoza y S. Urzúa: “No solo presenta irremediables problemas prácticos en su implementación, sino que además genera importantes distorsiones. Por eso no sorprende que haya sido repetidamente descartado en Inglaterra…”

El Ejecutivo se prepara para presentar su proyecto emblemático: El de gratuidad universal en la educación superior. Estimamos que la iniciativa tiene un costo agregado anual de US$ 5.000 millones. Si además se quiere asegurar calidad, el monto podría elevarse a los US$ 8.000 millones. Los valores en juego son cuantiosos.

Se han dado señales difusas respecto de cómo financiar dicha iniciativa. En un principio la idea era utilizar los recursos de la reforma tributaria. Pero los costos que significará el proyecto ya aprobado en enero (fin al lucro, selección y financiamiento compartido) y la situación económica general del país hacen esto poco probable.

En este contexto, ha comenzado a resurgir la propuesta de un impuesto específico a los graduados. A primera vista, y más allá del debate de su inconstitucionalidad, la iniciativa parece atractiva: Dado que otorgar gratuidad a todos los estudiantes con fondos públicos es regresivo, un gravamen específico a los graduados permitiría que aquellos con mayores ingresos contribuyesen más al sistema. Además, se dice, el impuesto sería equivalente a un crédito contingente al ingreso y permitiría generar un sistema de reparto tipo pensiones, pero a la inversa: me beneficio hoy y pago mañana. La lógica sin embargo es deficiente. Sufre un sinnúmero de problemas conceptuales y prácticos.

Primero, los proponentes de la iniciativa parecen no reparar en que bajo el nuevo sistema se generaría un problema de caja para el fisco debido al descalce temporal de los gastos e ingresos. Por una parte, los recursos frescos comenzarían a percibirse recién en varios años, con los impuestos de la primera generación de graduados (asumimos que no querrán cometer el error de cobrar el impuesto al stock total de graduados, sino que solo sobre el flujo futuro). Esto generaría obligaciones fiscales astronómicas, pues sería necesario esperar que el número de profesionales beneficiados con la gratuidad (futuros contribuyentes) fuese suficientemente alto para que el sistema se autofinanciara -nuestros cálculos indican que esto no ocurriría antes de 13 años-, por lo que en el intertanto el Estado tendría que cubrir este déficit, el que estimamos en US$ 20.000 millones en valor presente. ¿No habrá mejores usos para esos recursos?

Segundo, el impuesto específico a los graduados genera una serie de incentivos indeseados que no tienen fácil solución. Lo más obvio, la idea implica un tributo sobre la acumulación de capital humano, lo que es un despropósito. Menos obvio: ¿No fomenta la idea de la deserción en el último semestre?; ¿no se traspasaría parte del impuesto a los empleadores?, y de ser así, ¿por qué no buscar profesionales extranjeros? (el “virtuoso” impuesto sería un subsidio para el capital humano calificado extranjero). Por otra parte, ¿qué ocurrirá con los estudiantes que se cambian de carrera y cómo tributarán aquellos que estudien carreras de dos versus cinco años? La lista de preguntas puede seguir.

Tercero, ¿quién paga? En un contexto en que las instituciones de educación superior puedan adherir voluntariamente al sistema de gratuidad universal, es esperable que un grupo de ellas decida no sumarse. Entonces, ¿qué pasaría con sus graduados? Dado que sus costos de estudios superiores serían financiados por familias o a través de créditos o becas, lo obvio sería que ellos estuviesen exentos del impuesto (¿o tendrían que pagar dos veces?). Si este sistema “sin gratuidad” atrae a los mejores alumnos o aquellos de los hogares más ricos, no solo generaría una enorme segregación, sino que además haría peligrar el financiamiento de la gratuidad (las mayores rentas estarían exentas).

El gravamen no solo presenta irremediables problemas prácticos en su implementación, sino que además genera importantes distorsiones. De hecho, tiene un costo fiscal considerable y, dependiendo del diseño, puede incluso promover la injusticia. Por eso no sorprende que haya sido repetidamente descartado en Inglaterra. De hecho, es fácil demostrar que financieramente más de dos tercios de los graduados estarían en mejores condiciones económicas con un crédito que con el impuesto específico.

Oponerse a la idea de impuesto no es ir en contra del mandato de la mayoría. La cuestionable idea de la gratuidad estaba en el programa de Gobierno, pero no esta letra chica. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar la pulcritud en el diseño de las políticas públicas?

Ricardo Espinoza
Universidad de Maryland

Sergio Urzúa
Universidad de Maryland y Clapez-UC

Fuente: Emol