La reforma de la educación superior

Ignacio Sánchez: “Se deben plantear fórmulas de admisión especial para estudiantes vulnerables, con acompañamiento académico durante los primeros años…”

El Ministerio de Educación ha programado para este segundo semestre la discusión de los proyectos de ley de la reforma de educación superior (ES).

La prioridad de esta reforma se debe centrar en aumentar la calidad del aporte que entregan nuestras instituciones en beneficio de los estudiantes y del país. Este esfuerzo distingue la diversidad del sistema, en que coexisten instituciones complejas y completas, de calidad internacional, con otras que desarrollan una labor docente de gran importancia. Así, en todo el sistema se debe cumplir con los mínimos estándares de calidad que han sido predefinidos. Es prioritario realizar un cambio estructural en los programas de pregrado; mejorar las tasas de egreso y titulación; dar mayor estímulo a la internacionalización y movilidad académica, expansión de los fondos de investigación y fortalecimiento de los programas de doctorado, e implementar fondos para proyectos de excelencia, con una preocupación especial por el desarrollo regional. El foco se debe centrar en la formación de los estudiantes, en la investigación y en el vínculo con las comunidades, pilares fundamentales de la labor universitaria.

Uno de los aspectos polémicos que se han discutido en torno a esta reforma se relaciona con el rol público de las universidades. Nuestra convicción es que la función y vocación pública supera con creces la naturaleza jurídica de una institución. Lo público va más allá de lo estatal. La historia de la ES de nuestro país es clave, e incluye un número importante de instituciones no estatales de función y vocación pública, con misión e identidad propia, que aportan a Chile con egresados de calidad de todos los sectores socioeconómicos, con investigación, contribución de nuevo conocimiento y real compromiso con las comunidades locales. De esta forma, el sistema es plural, amplio y diverso, con diferentes miradas del país, lo que debe ser cautelado. Es obligación del Estado potenciar esta libertad de pensamiento y expresión, y para ello debe preocuparse de todas las instituciones de función y vocación pública.

La institucionalidad del sistema de ES debe ser revisada, para incorporar al trabajo conjunto a todos los actores que la conforman. Avanzar en perfeccionar y actualizar el sistema de acceso y admisión es crucial. Se deben plantear fórmulas de admisión especial para estudiantes vulnerables, con acompañamiento académico durante los primeros años. Además, es vital la regulación del sistema a través de una Superintendencia de ES con énfasis en la fiscalización financiera e información veraz a los padres y estudiantes. El aseguramiento de la calidad presenta desafíos, como son un nuevo sistema de acreditación institucional, una propuesta de acreditación de carreras y áreas de trabajo y un sistema de acompañamiento a las instituciones. Las universidades debemos reforzar la formación de maestros con estándares internacionales, por lo que la iniciativa de una nueva carrera docente se debe orientar a entregar mayor confianza, exigencia y reconocimiento a los profesores.

En el financiamiento estudiantil, los desafíos actuales contemplan aumentar las oportunidades y una mayor inclusión de los estudiantes. Junto con avanzar en cobertura, a través de becas para hasta el 70% de los alumnos más vulnerables, se deben aumentar los créditos con bajas tasas y una devolución acorde a los ingresos futuros. En este sentido, es crucial el análisis conjunto de los nuevos aranceles de referencia y las condiciones necesarias para obtener aporte estatal para la formación de estudiantes vulnerables. El avance en gratuidad en educación superior debe focalizarse en quienes más requieren apoyo, considerando su impacto en la calidad del sistema. Por otra parte, el financiamiento institucional es clave para potenciar el aporte de las universidades al país. Se requiere aumentar los aportes basales de las universidades de función y vocación pública, otorgando seguridad en su desarrollo de largo plazo. Especial atención requieren las instituciones de investigación avanzada y las universidades regionales.

En todos los aspectos mencionados, la voluntad de trabajo conjunto y amplio consenso debe primar. Las encuestas demuestran que la gran mayoría de los ciudadanos esperan este avance y desarrollo conjunto. Es responsabilidad de todos los actores políticos, sociales y académicos alcanzar este acuerdo, por el bien del país y de sus habitantes.

Ignacio Sánchez D.
Rector 
Pontificia Universidad Católica de Chile

Fecha: 25/08/2014

Fuente: EMOL