No nos dieron la oportunidad de estar a la altura de dar lo que somos capaces

Gabriel Pardo
Nacional
El Mercurio

Valora el proyecto de educación superior, pero se muestra contraria a la gratuidad universal, y critica que en el proceso de reforma no se haya considerado suficientemente a los actores. “Eso lo resiento”, dice.
 


Pilar Armanet mira directo a los ojos y habla decidida, pero sin estridencias.

Esta abogada PPD fue ministra de la Secretaría General de Gobierno durante el primer mandato de Michelle Bachelet, y en la administración de Ricardo Lagos, comandó la División de Educación Superior del Mineduc, por seis años.

Hoy es rectora de la Universidad de Las Américas (UDLA) y presidenta de la Corporación de Universidades Privadas (CUP).

Ya revisó el extenso proyecto de ley de educación superior presentado por el Ejecutivo. Y dice que es positivo que se haya enviado la iniciativa al Parlamento: “Llevábamos un tiempo largo y bastante tenso evaluando minutas, y esto finalmente resuelve esa tensión, y vamos a estar contribuyendo desde nuestras instituciones”.

Al comenzar dice que “es un esfuerzo importante por hacer un cuerpo legal sustantivo que compone varios ángulos de la educación superior en un proyecto único”. Pero también tiene críticas. Y pide un debate sereno, sin descalificaciones.

-El Gobierno ha planteado que la gratuidad universal solo se alcanzará, en un futuro, cuando la carga tributaria alcance el 29,5% del PIB. ¿Cuál es su opinión respecto de esta estimación?

-Yo no estoy de acuerdo con la gratuidad universal. En un país tan desigual como es Chile, la gratuidad universal subsidia a jóvenes de familias que sí pueden pagar su educación. En consecuencia, creo que hay necesidades más urgentes. Los recursos fiscales son escasos. Hay necesidades múltiples en la salud, en la vivienda. Tenemos gente muy vulnerable que requiere apoyo en otros ámbitos, como el sistema de educación temprana. No creo que sea prioridad número uno la gratuidad universal.

-La Presidenta, durante su campaña, planteó una opinión similar a la suya, pero en el programa se incluyó gratuidad universal. ¿A qué lo atribuye?

-Me es difícil juzgar cuáles fueron las razones. Creo que primó la convicción de que el hecho de que la educación superior sea un derecho es igual a que sea gratuita. Y a mi juicio, hay muchos derechos que no son gratuitos. El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación es un derecho, y eso no quiere decir que sea haya asegurado, ni que sea posible lograrlo ni que sea gratis alcanzarlo. En consecuencia, no existe una necesaria vinculación entre derecho y gratuidad. Uno de los problemas que me generan mayor preocupación es la generación de expectativas y la frustración que el incumplimiento de esas expectativas supone.

-En el mensaje que precede al proyecto se habla de manera crítica de las universidades privadas creadas después del año 80. ¿Lo comparte?

-Uno nota en el mensaje del proyecto una mirada muy crítica sobre las universidades creadas después de los años 80, y yo creo que las universidades privadas han hecho una contribución muy significativa en el ámbito de la cobertura. Uno puede discutir la forma en que fueron creadas, eso no es un pecado original. Eso ya está lejos en el tiempo, y las universidades han buscado hacer un trabajo serio y entregar una contribución significativa.

-En el proyecto se habla de que hubo masificación con los planteles privados, pero que “fue incapaz de reducir suficientemente la brecha de oportunidades entre grupos sociales”.

-El tema fundamental es si el país ha sido capaz de reducir la brecha o no en el sistema. Las universidades no pueden corregir lo que el país entero no ha podido corregir. Que haya masividad ha hecho que aumenten significativamente los alumnos de primeros quintiles que antes no accedían. Soy una gran partidaria de la cobertura.

-¿Cuáles son las demandas desde las universidades privadas en este proceso, cuando algunos críticos señalan que no se defiende un sistema mixto en el proyecto, sino más bien un trato preferente para las universidades estatales?

-Yo soy partidaria de la no discriminación. En todas sus dimensiones. De las instituciones y de los estudiantes. En igualdad de condiciones, el trato tiene que ser igual. Me gustaría que hubiera un espacio en el que todas las instituciones tuvieran la oportunidad de hablar. En eso no han colaborado mucho las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh). No ha habido voluntad desde el CRUCh de abrir sus puertas a universidades que cumplan con determinados requisitos. Hace falta la creación de un espacio u órgano donde las instituciones acreditadas puedan concertarse y contribuir. Eso le falta al proyecto.

Sin embargo, la ex ministra dice que no es contraria a que exista un determinado trato especial para las instituciones estatales. “Tal como las universidades (estatales) demandan un trato especial, también el Estado puede solicitarles cometidos especiales”.

-El proyecto plantea una institucionalidad en la que se establecerá una serie de regulaciones desde el Estado sobre las instituciones, que incluirán, por ejemplo, nuevos criterios para la acreditación. ¿Puede atentar ello contra la autonomía de las instituciones?

-Creo que existe consenso en que se necesita más regulación. Y he sido muy partidaria de la creación de la Superintendencia de Educación Superior y de la acreditación obligatoria. Pero creo que eso no obsta para que tanto la acreditación como las universidades requieran de espacio de autonomía del gobierno de turno. Mi pregunta es: ¿tiene el Estado de Chile hoy la capacidad para ejercer todas esas funciones y ejercerlas bien? ¿Existe en el Estado esa capacidad de hacer ese trabajo gigante de regulación a ese nivel de complejidad? ¿Qué Estado es ese? Tengo dudas de si eso es posible o no.

-¿Cómo calificaría que se ha dado el proceso de reforma desde el Gobierno?

-Creo que han hecho un esfuerzo importante de reforma en distintos niveles. Pero el tema más complejo de este proceso de la educación superior es que no haya habido un espacio donde todos podamos ponernos de acuerdo en lo que le conviene a Chile. Creo que no nos dieron la oportunidad de estar a la altura de dar lo que somos capaces de dar. Estamos súper polarizados, y eso no era necesario. Eso lo resiento. Espero que en el Parlamento se abran espacios de diálogo.

-¿Le ha faltado al Mineduc conversar?

-Obviamente. Se ha instalado, además, una cultura de la imposición por parte de los estudiantes. La democracia fundamentalmente es búsqueda del bien común, y eso no se logra con descalificaciones ni con violencia.

Sin embargo, Pilar Armanet valora los dichos de la ministra Delpiano de llegar al Congreso “con el ánimo de dialogar, conversar y mejorar”. Y concluye: “Nosotros queremos que ese proceso sea exitoso”.

”Tenemos gente muy vulnerable que requiere apoyo en otros ámbitos, como el sistema de educación temprana; no creo que sea prioridad número uno la gratuidad universal (en educación superior)”.

”Hace falta la creación de un espacio u órgano en el que todas las instituciones acreditadas puedan concertarse y contribuir. Eso le falta al proyecto”.

Fuente: EyN