OCHO UNIVERSIDADES CAERÍAN EN CALIDAD TRANSITORIA CON LA REFORMA

Carlos Said
Nacional
El Mercurio

Si estas condiciones rigieran hoy, tendrían tres años para mejorar su categoría. Sus rectores están a favor de las exigencias, pero piden un mayor apoyo por parte del Estado.
 

Si lo propuesto por la reforma a la educación superior rigiera hoy, ocho universidades no quedarían en los niveles de acreditación institucional que sugiere el proyecto.

Es decir, aquellas que tengan menos de cuatro años de acreditación deberán entrar a una denominada “fase transitoria”, donde se les exigirá mejorar su calidad para así poder ingresar al sistema.

Entre ellas hay instituciones con numerosa matrícula, como las universidades de las Américas, Santo Tomás, Central e Inacap, que suman 101 mil alumnos, casi un sexto del sistema universitario.

Según el proyecto, estos planteles tendrán tres años para mejorar su calidad y subir a los niveles dispuestos cuando el sistema comience a operar, en 2019.

Sin embargo, varios esperan haber mejorado antes. En la Universidad Central, cuya acreditación termina en diciembre de 2017, el rector Santiago González detalla que desde inicios de este año trabajan en mejorar sus estándares de calidad para entrar en uno de los niveles propuestos, los que durarán ocho años, indistintamente.

González valora que se quiera avanzar en calidad, porque “el actual sistema no da cuenta de la realidad de nuestro país y de los niveles de calidad que se necesitan”. Sin embargo, cree que el Estado debe apoyar financieramente a estos planteles para que puedan mejorar.

“A todas las universidades hay que apoyarlas para que mejoren”, dice, ya que a diferencia de ellos, las Ues. estatales que tienen tres años de acreditación -Arturo Prat, UTEM y de Los Lagos- sí están recibiendo recursos este año, derivados de la política de gratuidad, para elevar sus estándares.

“No nos parece que se discrimine entre estatales y privadas, como pasó en la discusión presupuestaria, donde las universidades fiscales con tres años de certificación sí pudieron tener gratuidad”, critica el rector.

Su par de la Universidad Bernardo O’Higgins, Claudio Ruff, afirma que en medio del debate de la reforma se debe discutir sobre qué sistema de calidad necesita el país.

“Nos debiéramos sentar a conversar esto con los parlamentarios, para revisar los modelos de enseñanza y aprendizaje”, propios de carreras del siglo XXI, dice el académico.

El caso de las estatales

La fase transitoria descrita en el proyecto, sin embargo, no aplicará para los tres planteles estatales mencionados, a pesar de tener tres años de acreditación, pues accederán al nivel C del nuevo sistema, por tener gratuidad este año.

Según la ministra de Educación, Adriana Delpiano, esto ocurre porque “este año ya se distinguió entre las universidades estatales y las otras, en el sentido de que el Estado no puede ser juez y parte; solo tiene la responsabilidad de mejorar sus instituciones. Es lo mismo que pasa con las escuelas públicas”.

La ministra añade que no es posible como Estado “autoevaluarme y cerrarme una institución, cuando se supone que mi tarea es desarrollarla y fortalecerla. Si tengo una universidad que está bajo los estándares, hay que fortalecerla, dar una educación de alta calidad o tomar una decisión”. Por eso, agrega, este año ya se les asignaron recursos para que mejoren.

“Esperamos que no (se nos acuse de discriminación), porque hoy esas universidades ya tienen un trato distinto, con fondos distintos, por lo que no se debería levantar un tema de constitucionalidad que ya no fue levantado hace muchos años”, puntualiza Delpiano.

La realidad del sistema

Para algunos expertos, el cambio al sistema de acreditación debe ser revisado con atención.

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, afirma que “cualquier reforma que se proponga debe considerar la realidad de nuestro sistema y, por ende, los cambios no pueden ser traumáticos, ni para alumnos ni para instituciones”.

Añade que el objetivo del proyecto debiera ser “la mejora y no la desaparición de las instituciones, por lo que las nuevas exigencias deben ser abordables y adecuarse a las características propias de cada institución”.

Así, a su juicio, uno de los riesgos del esquema propuesto “es que puede conducir a una pérdida de diversidad en el sistema educacional. Lo anterior, porque las instituciones se ven obligadas a destinar sus recursos a iniciativas que aseguren el cumplimiento de los estándares cuantitativos en que se basa la nueva acreditación, pero que no necesariamente se adecúen a su misión y propósito”.

Por ejemplo, “dos instituciones con distintos proyectos pueden tener el mismo nivel de calidad, pero un sistema como el propuesto llevaría a desconocer esa realidad”, dice Figueroa.

“No nos parece que se discrimine entre estatales y privadas, como pasó en la discusión presupuestaria, donde las universidades fiscales con tres años de certificación sí pudieron tener gratuidad”.
SANTIAGO ESCOBAR
Rector de la Universidad Central

“Cualquier reforma que se proponga debe considerar la realidad de nuestro sistema y, por ende, los cambios no pueden ser traumáticos, ni para alumnos ni para instituciones”.
RAÚL FIGUEROA
Director ejecutivo de Acción Educar

Fuente: EyN