Pilar Armanet fue elegida presidenta de la CUP

La Asamblea de Rectores, junto con renovar el directorio de la Corporación, aprobó un documento que resume la posición de la CUP frente a las minutas que sobre la reforma de la educación superior ha dado a conocer el MINEDUC.

La Asamblea de Rectores de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) renovó su directorio y puso a la cabeza del cuerpo ejecutivo a la rectora de la Universidad de las Américas, Pilar Armanet. En la misma reunión se aprobó el documento que resume la posición de la CUP en relación a las minutas sobre el proyecto de reforma a la educación superior dadas a conocer por el MINEDUC.

Además de Pilar Armanet, el directorio quedó integrado por el presidente saliente y rector de la Universidad Santo Tomás, Jaime Vatter; el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados; el rector de la Universidad Autónoma, Teodoro Ribera, y el rector de la Universidad Bernardo O’Higgins, Claudio Ruff.
La Asamblea, junto con aprobar la cuenta del directorio saliente, dio su visto bueno al plan de trabajo para el presente año, el cual tiene como objetivo principal la participación en el debate que debe acompañar el trámite legislativo de la reforma que presentará el Gobierno, resaltando el aporte hecho hasta ahora de las universidades privadas y su consolidación en la futura institucionalidad de la educación superior.

En ese sentido, se aprobó un análisis elaborado por el directorio saliente con la participación de los organismos técnicos de la Corporación. Estos son los principales párrafos marcados del documento:
“Los rectores de las instituciones que integran la Corporación de Universidades Privadas y que en su conjunto educan a 160.000 estudiantes, hemos analizado –con la asesoría de los organismos técnicos de nuestra organización– las últimas minutas sobre el proyecto de reforma al sistema de educación superior que nos hizo llegar el Ministerio la semana pasada. También tuvimos en consideración los planteamientos que nos dio a conocer el Asesor Encargado de la Reforma, señor Rodrigo González, en la reunión que sostuvimos recientemente. Hubiésemos deseado que nuestro pronunciamiento se hubiera hecho teniendo a la vista el proyecto de reforma que será presentado al Congreso y fuera producto de un debate técnico en que hubiésemos participado todos quienes somos parte del sistema.

“También hubiésemos querido que el proyecto de reforma incluyera un plan maestro para el desarrollo de la educación superior en las próximas tres décadas y no se limitara a fijar estructuras y normativas orientadas a corregir falencias y problemas detectados en los últimos años.

“Echamos de menos una preocupación específica por lo que debiera ser lo más importante en cualquier proyecto de reforma educacional: el mejoramiento de la calidad y la adaptación del sistema a los desafíos del siglo XXI. Contrariamente a la tendencia Internacional, en la iniciativa gubernamental existe un sesgo centralista que tiende a que todas las universidades sean lo más parecidas posible, afectando seriamente la diversidad, la autonomía y la libertad de enseñanza.
“Sobre la base de los antecedentes limitados de que disponemos y sin salirnos del marco de la iniciativa, damos a conocer las siguientes consideraciones a nivel global:

Falta de un diagnóstico adecuado
“El conjunto de las minutas parece evidenciar que el proyecto de reforma ha sido elaborado sin tener como base un diagnóstico objetivo de la realidad que hoy presenta nuestro sistema de educación superior. Salta a la vista que se partió por establecer los objetivos políticos, más que el sistema futuro deseado, y luego se empezaron a elaborar normativas destinadas a cumplirlos, sin tener en consideración las características y grado de desarrollo de las instituciones a las que están destinadas. Esto hace que la política pública diseñada carezca de realismo y peque de teorizante, como también tienda a refundar todo el sistema en vez de mejorarlo.

Desconocimiento del aporte de las universidades privadas
“Las minutas, junto con valorar el papel que corresponde a las universidades estatales, se hacen cargo de las falencias que han caracterizado la relación del Estado con las instituciones que le son propias, lo cual resulta altamente positivo. Lo inaceptable es que no se reconozca el aporte que han hecho las universidades privadas al desarrollo experimentado por nuestra educación superior en las últimas décadas, y en consecuencia, no se consideren medidas destinadas a respaldar su consolidación.

Discriminación arbitraria en favor de universidades estatales
“El reconocimiento a la provisión mixta es una mera declaración de intenciones, que no se trasunta en reconocer sus diversas singularidades, y los aportes del sector privado. Lo que se reconoce es la coexistencia de instituciones estatales y privadas, pero el proyecto de reforma no contempla ninguna colaboración entre lo estatal y lo privado. Más aun, a las instituciones estatales se las sitúa en un rol preferente, al punto de que todas, sin distingos, formarían parte del Comité Coordinador que asesoraría al Ministro de Educación.

Tendencia a imponer modelo único de Universidad
“Todo el diseño tiene un sesgo centralista y elitista, basado en el supuesto de que el sistema es un conjunto de universidades complejas, lo que no se compadece con nuestra realidad, ni con la de los países con alto desarrollo en su educación terciaria. El proyecto gubernamental tiende a imponer un solo modelo de universidad a través de la obligación de acreditarse en los ámbitos de investigación y docencia de posgrado, lo que conducirá a disminuir la formación universitaria de profesionales. Esto, además de injusto para las universidades más jóvenes, hace muy difícil la diferenciación y el desarrollo de iniciativas de mejora. No considera la realidad de las regiones, que es muy diferente a la existente en Santiago.

Vacío en el tema del financiamiento
“La ausencia de planteamientos claros en materia de financiamiento de las universidades, resta sentido al análisis de la reforma y hace estéril todo tipo de debate. La postura que hoy sustente cualquiera de los actores del sistema podría cambiar radicalmente al conocerse el mecanismo de financiamiento. La discriminación que evidencian las normas y regulaciones propuestas hace temer que la asignación de recursos del Estado pueda tener características similares. El Estado debe financiar sus universidades, pero sin olvidar que el objetivo último de la educación superior son los estudiantes, todos los estudiantes, y no las instituciones.