Planteles de educación superior deberán adherir al sistema de acceso para poder funcionar

Carlos Said
Nacional
El Mercurio

El proceso de ingreso sería obligatorio y contaría con instrumentos diversos, no solo con la PSU. Además, debería incluir a los “grupos históricamente discriminados”.

Para que una universidad, centro de formación técnica o instituto profesional pueda funcionar requiere obtener el reconocimiento oficial del Estado, y debe presentar sus estatutos, en los que tiene que explicar -al menos- su objetivo, los medios económicos de que dispone y su forma de gobierno.

Pero ahora la reforma a la educación superior, que se presentaría el segundo semestre, contempla fijar parámetros más exigentes para obtener ese reconocimiento y también para mantenerlo en el tiempo.

Según un documento del Mineduc, para que la institución obtenga el reconocimiento oficial deberá poseer un “tamaño mínimo” y tendrá que entregar sus “certificados de viabilidad académica y financiera” a la Agencia de la Calidad de la Educación y a la futura Superintendencia de Educación Superior.

Además, se establecen condiciones para que las instituciones mantengan el reconocimiento: acreditar su calidad ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), dejarse fiscalizar por la superintendencia, regirse por el Marco Nacional de Cualificaciones -un instrumento para el desarrollo y la clasificación de conocimientos que está en desarrollo- y demostrar sustentabilidad financiera.

También entrar al sistema de acceso a la educación superior, donde hoy participan los 25 planteles del Consejo de Rectores (CRUCh) y ocho universidades privadas, de un total de 160 instituciones educacionales. Ese sistema de acceso, según plantea el documento, será “de uso obligatorio, con instrumentos de selección diversos y pertinentes (no solo PSU), y total acceso a la información para el postulante”.

Además, tendrá “políticas de acción afirmativa, que aseguren el ingreso y permanencia en la educación superior a estudiantes de grupos históricamente discriminados, junto a procesos de acompañamiento en los primeros años”.

En términos de financiamiento, el Mineduc mantiene la posición de que las instituciones deben ser sin fines de lucro, aceptar el arancel fijado por ellos, asegurar equidad, diversidad de acceso y permanencia de los estudiantes, además de cumplir con transparencia activa y ser dueños de un porcentaje de los bienes inmuebles.

Dudas del proyecto

Los asesores del ministerio han comenzado a socializar estas ideas con algunos grupos ligados a la educación. La última vez fue en una reunión que sostuvieron con los dirigentes estudiantiles de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada (Ofesup).

La vocera de la organización, Mónica Salas, cuenta que las nuevas exigencias “se fiscalizarán a través de la superintendencia, la que no solo verá cómo se forman las instituciones, sino que también vigilará el desarrollo de estas”.

Dice que los dirigentes valoraron que se fije “un marco regulatorio para todo el sistema de educación superior”. Sin embargo, cuenta que no les quedó claro “si será obligatorio, porque vimos muchos anuncios, pero no vimos cómo se materializarán” estos aspectos.

La reforma considerará que las instituciones privadas podrán entrar voluntariamente a la gratuidad. Así, las que opten por no ingresar al sistema solo podrán acceder a becas y concursos de Conicyt para posgrado, y a concursos para investigación, innovación y desarrollo (ver infografía).

La propuesta plantea que quienes adhieran tendrán que “aceptar un arancel regulado y no cobrar copago a los estudiantes”.

De acuerdo a lo explicado por los asesores del Mineduc, el arancel “sería fijo y con techo al desarrollo (tendrá un límite), y eso nos preocupa, porque muchas universidades no querrán adscribir al sistema”, dice Mónica Salas.

La dirigenta comenta que también existen dudas sobre si al Mineduc le alcanzarán los recursos: “El Gobierno ya sabe con cuánta plata va a contar. El tema es que no saben dónde destinarla, porque existe un tira y afloja entre el CRUCh, las universidades privadas y los estudiantes”, afirma.

De acuerdo a lo informado, el Mineduc se puso como plazo límite septiembre de 2016 para aprobar la reforma, de manera que esté rigiendo en 2017.

Paralización Indefinida
La Confech llamó ayer a estudiantes a radicalizar manifestaciones a través de un paro indefinido que comenzará el próximo jueves 25.

Fuente: EyN