Tiempo de definiciones en educación superior

Ignacio Sánchez: “En enero, la ministra de Educación anunció que el envío del proyecto de ley de la reforma de la educación superior se había postergado, con el objeto de recibir aportes de todos los sectores, permitir un profundo análisis y enriquecer el proyecto. La noticia se recibió con satisfacción, ya que permitiría intercambiar ideas en una ley de gran relevancia para el futuro del país”.

Hasta ahora, se han realizado reuniones académicas, con intercambio de ideas en los temas que abordará el proyecto de ley. Sin embargo, para que se cumpla el propósito de la ministra, es decir, entregar aportes concretos, es imprescindible conocer a la brevedad las propuestas del Gobierno; de otra manera, este ejercicio será solamente teórico, sin una influencia directa en el futuro proyecto de ley.

El problema radica en que, hasta hoy, solo se han conocido borradores y escritos generales, cuyos planteamientos demuestran el anhelo de una gran regulación por parte del Estado, severas restricciones a la autonomía universitaria y una amenaza al crecimiento de las instituciones. Por medio de la regulación de los aranceles y el volumen de la matrícula, se intentaría controlar el desarrollo de las instituciones. Es urgente que este borrador se modifique, se aclaren las dudas y se presente una propuesta oficial, que considere el aporte que han entregado todos los actores en estos dos años.

Se ha insistido en lo que consideramos fundamental: los elementos de mayor relevancia en este proyecto de ley son el cuidado y resguardo de la autonomía universitaria; la valoración de la diversidad y riqueza del sistema; la libertad para asegurar el crecimiento y desarrollo de los proyectos institucionales; el aseguramiento y acompañamiento de la calidad de cada uno de los proyectos educativos y un marco regulatorio e institucional que resguarde el funcionamiento de un sistema moderno, flexible y renovado.

Dentro de los aspectos a desarrollar, la preocupación por la calidad debe ser prioritaria en la discusión de la actual reforma. Es claro que una universidad de calidad requiere de elementos fundamentales, dentro de los que se cuentan: una misión e identidad definida; profesores y estudiantes de gran nivel; docencia innovadora y centrada en el estudiante, junto a una comunidad universitaria activa, participativa e identificada con la institución. Es vital desarrollar investigación básica, con énfasis en la innovación que se pueda transferir a la sociedad; tener un compromiso social y comunitario, junto con adecuados recursos que aseguren un proyecto innovador y de futuro. Esto se debe llevar a cabo por medio de un gobierno universitario que fomente la participación de la comunidad, para así lograr una visión estratégica común, que permita innovación y flexibilidad en la toma de decisiones, en un sistema de gran desarrollo.

En este énfasis por el aseguramiento de la calidad, potenciar a las universidades regionales es de la mayor importancia. De la misma forma, es tiempo de apoyar de manera decidida el desarrollo de la educación técnico-profesional, sector clave en el crecimiento del país. Así, una nueva Agencia de Calidad implicará perfeccionar la acreditación actual, con mayor dedicación en el acompañamiento y asesoría continua a las instituciones. La reforma debiera incluir una Subsecretaría, que elabore, coordine y aplique las políticas y los programas. Es necesario contar con una Superintendencia que realice la fiscalización no solo de los aspectos financieros, sino que además supervise la calidad, información y la recepción de denuncias y reclamos de los estudiantes y sus familias. Por otra parte, la propuesta de un nuevo Ministerio de Ciencias deberá ser incorporada en el análisis para su adecuada articulación.

Luego de analizar los cambios en el aseguramiento de la calidad e institucionalidad del sistema de educación superior, se podrá iniciar el diálogo referente a los aspectos de su financiamiento, en ambas líneas de trabajo, tanto institucional como estudiantil. Así, los recursos deben ser analizados luego de tener una mayor claridad en la organización y calidad del sistema. Sin embargo, hay que insistir en que para que todo lo anterior sea posible, se requiere conocer a la brevedad las propuestas del Gobierno. Esto es crucial para poder aportar y contar con un proyecto de ley que esté a la altura de lo que los estudiantes, las familias y el país requieren.

Ignacio Sánchez D.
Rector
Pontificia Universidad Católica de Chile

Fuente: El Mercurio