Tribunal constitucional, glosa y gratuidad

Blog de Ricardo Israel, Vicepresidente Ejecutivo Corporación de Universidades Privadas

Este miércoles el Tribunal Constitucional (TC) va a escuchar a partes interesadas que quieran hacerse oír en Audiencias Públicas y el jueves se ve la vista de la causa, donde se escuchan a los abogados del requerimiento parlamentario y a la profesional del gobierno.

En lo personal me llamó la atención que incluso se dudara de su admisibilidad, ya que el Tribunal está haciendo su trabajo habitual, siendo de frecuente ocurrencia que parlamentarios acudan para discutir la constitucionalidad de leyes, situación que se ha dado en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia y aún antes de 1973, incluyendo al propio gobierno de la época.

En definitiva, se le va a pedir al TC emitir un pronunciamiento antes del 23 de diciembre sobre fundamentalmente dos materias: si la glosa presupuestaria es el instrumento adecuado para definir materias que debieran ser parte de una ley específica, sobre todo, en materias tan importantes como educación. El segundo tema relevante, es si a través de este instrumento se está discriminando en forma arbitraria a un grupo de chilenos, que estarían en la misma o peor situación socioeconómica que los potenciales beneficiados.

Hay también un elemento adicional: en algunas de las últimas decisiones de relevancia del TC hubo un empate que solo fue favorable al gobierno por el voto dirimente del Presidente del Tribunal, al ser par (10) el número de ministros. Lo anterior se dio incluso en la última ley de educación, que a través del nombre de Inclusión, definió temas tales como el lucro, la selección y el copago. Sin embargo, en fecha reciente se designó por parte de la Corte Suprema un nuevo integrante, por lo que el empate podría romperse en uno u otro sentido.

En relación a si la glosa es el camino adecuado, lo primero que hay que decir es que por esta vía se está realizando el cambio más profundo en educación superior en décadas, ya que la autoridad será la que decida elementos tan importantes como el arancel, cupos, y exigencias varias para las instituciones que accedan a este beneficio, lo que afecta directamente el principio más antiguo de la vida universitaria, cual lo es la autonomía, garantizado además constitucionalmente.

Más aún, esta es una decisión transitoria, ya que se ha anunciado que a fines de este año el gobierno presentará su postergado proyecto de Ley de Educación Superior, que definiría los elementos que deben anteceder a la gratuidad, tales como institucionalidad, aseguramiento de la calidad, requisitos, acceso, y similares. En definitiva, criterios objetivos hoy ausentes.

En tercer lugar, existe una jurisprudencia que se remonta a 1972 cuando el entonces Presidente Allende acudió al TC de la época, argumentando que en el tema de subvenciones escolares no se podía utilizar un mecanismo de simple gasto como es el presupuesto, para decidir un tema de fondo. Algo similar se dijo en fechas más recientes cuando se quiso utilizar una glosa para el Transantiago, decidiéndose que ello era materia de ley.

Por lo tanto, no se entiende que por una sola vez, en forma transitoria se recurra a este instrumento que regula materias propias de una ley de fondo en el tema educativo, cuando existen-como lo ha reconocido el propio gobierno- instrumentos administrativos para lograr el mismo fin, tales como becas.

Incluso, lo peor que podría pasar es que en vez de ordenar el sistema, este nuevo beneficio creara una total incertidumbre, ya que si no se lograra despachar la anunciada nueva Ley de Educación Superior, el mismo mecanismo de la glosa tendría que utilizarse para el próximo año 2017, en un posible escenario de aún mayor disminución de recursos.

Por lo demás, los estudiantes acaban de rendir la PSU sin saber si van a recibir o no el beneficio y qué instituciones en definitiva van a adherir al nuevo sistema, duda que puede transformarse en desilusión si en definitiva en marzo o abril, los datos de la CASEN en que se basa, por cambios menores en la situación familiar, modifica el listado de quienes quedan adentro.

En relación al tema de la discriminación, desde hace mucho tiempo en Chile los beneficios se focalizaban en los más necesitados, mientras que ahora va a depender de donde decidieron estudiar, a veces hace años, con consecuencias tales como hermanos en la misma situación van a ser castigados, según donde estudian. Por lo demás, los derechos siempre son de las personas y no de las organizaciones.

Además, la discriminación no solo es social sino también territorial, al quedar afuera una buena cantidad de regiones, ya que simplemente no existen instituciones donde se puede solicitar el beneficio.

Todo lo anterior es consecuencia de una enorme improvisación que ha llevado a las autoridades a hacer hasta 10 anuncios distintos desde el que hizo la Presidenta el 21 de mayo. Un rechazo, obligaría a presentar proyectos más estudiados y a una verdadera discusión legislativa de los temas de fondo el año 2016.

Ante la pregunta de qué pasa si el TC decide que la glosa es inconstitucional como camino para la gratuidad, la respuesta es absolutamente nada. El TC no puede modificar la decisión legislativa, tan solo decir que constitucionalmente no es el camino, por lo que el gobierno podría entregar los beneficios a quienes estime conveniente. Para ellos, solo necesitaría subir al 100% las becas para quienes estime merecedores de la gratuidad, y estudiantes y sus familias no tendrían que pagar ningún peso, que fue la promesa que se les hizo a las familias: que quienes más lo necesitaran, no tendrían que pagar. Punto.

Más aún, mayor cantidad de recursos estarían disponibles para beneficiar a más estudiantes, y es un sistema conocido por los postulantes y las instituciones de educación.

Fuente: La Tercera