Una injusta gratuidad

Columnista invitado

Blog de Hugo Lavados, Rector de la Universidad San Sebastián

La reafirmación que la gratuidad en Educación Superior solo será para los estudiantes que pertenecen a las familias del 60% más vulnerable, y que sean alumnos de Universidades del CRUCH, y de CFT e Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, es injusta, como hemos venido señalando desde el mismo 21 de Mayo pasado. Es una política que va en contra a la disminución de las desigualdades, lo que es una paradoja en un gobierno que ha planteado como eje conductor de su programa y políticas precisamente acercar las distancias entre los que tienen más con los que tienen menos. Además, es ilógica desde la perspectiva de considerar a la educación como un derecho social. ¿El derecho de un niño a asistir a un Jardín Infantil hoy no se considera derecho social?

Al escribir esta columna recibí un documento desde el Ministerio de Educación que señala las políticas que desea impulsar el Gobierno; son esencialmente las mismas entregadas en presentaciones desde Febrero pasado. Sobre la gratuidad reitera lo que nos parece son errores; uno es el principio de gratuidad para todos,  el otro es que indica un conjunto de obligaciones para que las instituciones puedan tener alumnos que no paguen aranceles, que no están definidos con precisión, sin ambigüedades y sin sujetarse al criterio de la autoridad de turno.

Hemos repetido que la Universidad gratis para todos es injusta. Si analizamos el 10% de familias con más alto ingreso, está sobre $2.5 millones. Prácticamente todas esas familias tienen a sus hijos en colegios particulares pagados. Casi todos los jóvenes de ese grupo están Universidades, en las que hoy pagan los aranceles. No apunta hacia reducir las desigualdades dedicar recursos a ellos, si consideramos que el 20% de ingresos bajos percibe al mes menos de 300 mil pesos y solo dos de cada 10 jóvenes, de esas familias, están en la Educación Superior, con una proporción mucho menor en las universidades.

Parece ser que lo relevante no es gratuidad para quien carece de recursos, sino que las características de la institución donde estudia. Así, se privilegian personas con igual situación que estudian en universidades del Cruch y se perjudican a quienes lo hacen en universidades privadas. He dado el ejemplo antes; en Puerto Montt la Universidad San Sebastián es la única que tiene la carrera de Medicina que está acreditada. Dos hermanos están en condiciones de ingresar a la universidad sin pagar: uno postula a Ingeniería en Acuicultura en la Universidad de Los Lagos y el otro a Medicina en la USS. Uno va a estudiar gratis el otro no. Piense cual Universidad tiene más años de acreditación.

El límite de vulnerabilidad del 60% es tan arbitrario como otro, sin embargo, gratuidad para todos los que pertenecen al 40% más vulnerable y estudien en instituciones de Educación Superior acreditadas tiene el mismo costo; invito a las autoridades y parlamentarios a analizar este punto. La restricción de recursos siempre tiene distintas opciones de distribuirlos, cómo hacerlo es propio de las decisiones políticas, basadas en criterios serios y consistentes.

Cuesta entender que un programa de esta envergadura, que determinará a quienes se otorga un beneficio, las condiciones para ello, y otros aspectos, sea parte de una glosa transitoria. Además, ¿qué seguridad genera una glosa que indica que en uno o más años se extenderá el programa, si los recursos pueden no existir?

Fuente: Voces La Tercera