Artículo del Vicepresidente de la CUP, Ricardo Israel, sobre el financiamiento de la educación superior, en el marco de las reformas propuestas por el Gobierno.
El reciente cambio realizado en el gabinete ministerial por la Presidenta Bachelet deja en evidencia que el Gobierno desea imprimir un nuevo impulso a su programa de reformas, y que en ese esfuerzo quiere mantener un diálogo abierto con quienes son actores relevantes en las áreas que se busca reformar. Así se desprende de las palabras de la propia mandataria como de su nuevo ministro del interior. También se desprende que la reforma educacional sigue teniendo un lugar prioritario y, dentro de ella, la gratuidad de la educación superior para los estudiantes de los siete primeros.
Al margen de las diversas modalidades con que se aplique, creemos que una política pública que busque disminuir la desigualdad y promover la movilidad social tiene que dirigir el apoyo financiero a las necesidades y características de los estudiantes.
Estamos convencidos de que la educación ha sido y seguirá siendo el factor que más contribuye a la movilidad social. Ningún país ha logrado salir del subdesarrollo, sin incorporar a la enseñanza superior, a los millones de jóvenes que esperan una oportunidad para poder cambiar sus destinos, accediendo a empleos de mayor calidad. Al Estado le corresponde apoyar proactivamente a quienes participan en ese esfuerzo, sin distingo de las instituciones en las que estudien, mediante un sistema de financiamiento que haga posible que todos los que reúnan las condiciones y méritos suficientes, puedan hacer realidad su vocación.
Las sociedades modernas y avanzadas han construido sistemas cuyo gran mérito es garantizar el acceso y la más amplia cobertura social, sin dejar de velar por la calidad de la enseñanza profesional y universitaria. Chile, en las últimas décadas, ha ido construyendo un sistema de educación superior moderno y equitativo, que con su estructura mixta pública-privada ha logrado una cobertura bruta que alcanza el 60% de los jóvenes entre 18 y 24 años. Esta realidad innegable nos acerca a indicadores propios de países que alcanzaron el desarrollo, y nos pone ahora frente al gran desafío de la calidad. En este logro país, que a todos nos enorgullece, la contribución del sistema privado ha sido relevante. Hoy, el 53 por ciento de los universitarios chilenos estudia en universidades privadas creadas con posterioridad a 1981, mientras que sólo el 26 por ciento lo hace en universidades estatales.
Creemos en la igualdad ante la ley y en la equidad que debe inspirar todos los actos del Estado y de las autoridades políticas de la Nación. Rechazamos, por lo tanto, toda discriminación que perjudique a un sector de la ciudadanía, y muy especialmente aquellas que atenten contra la igualdad de derechos de los estudiantes chilenos, actos que adquieren un sello de gravísima ilegitimidad, cuando ellas afectan precisamente a los sectores con mayores necesidades y demandas de asistencia.
Basados en estos principios, creemos que la gratuidad de la educación superior para los sectores de menores ingresos debe estar orientada principalmente a los estudiantes y no a las instituciones. Un sistema de financiamiento que no considere estos principios de igualdad, puede lesionar a una parte importante de nuestro alumnado, y eso nos preocupa. En la actualidad, el 68 por ciento de los estudiantes universitarios proveniente de los quintiles inferiores de nuestra sociedad son alumnos de las universidades privadas.
Más allá de los eventuales aranceles regulados que se entreguen a las instituciones de educación superior que se incorporen a la futura gratuidad, materia que requiere de un profundo estudio, deberíamos tener un sistema que genere incentivos a las universidades que tengan alumnos de mayor vulnerabilidad académica – que corresponde a quienes están en peor situación económica – y que demuestren resultados en términos del proceso educativo.
Esta es solo una de las modificaciones que requiere el actual sistema de financiamiento; surgen muchas más si se mira globalmente en el nuevo escenario de la educación superior. Hay que tener en consideración la incidencia que en el conjunto tienen los componentes de este sistema mixto público-privado y las necesidades que atiende cada uno de ellos. Resulta contradictorio, cuando se plantea como objetivo disminuir las desigualdades, que se incrementen las ayudas solo a estudiantes de un determinado grupo de universidades, en desmedro de los alumnos de otros planteles, que están en la misma o mejor situación respecto a los requisitos que se exigen para acceder a ese financiamiento. Si el propósito del país es tener una educación cada vez más inclusiva, es fundamental fortalecer el sistema en su conjunto, sin discriminaciones. Las universidades privadas han demostrado ser un elemento clave en la incorporación de jóvenes de escasos recursos a la educación superior. En consecuencia, el sistema de financiamiento público no puede atentar contra su desarrollo, sobre todo si se tiene en cuenta que las instituciones privadas no pueden acceder a muchos de los fondos que otorga el Estado y que sus instalaciones y equipamientos no provinieron del erario nacional. En la educación superior, como en muchas otras actividades, se necesita igualdad de condiciones para que todas las universidades – públicas y privadas – puedan asegurar los resultados de excelencia que la comunidad espera y exige.
