Ante los anuncios de la presidenta, en cuanto al modelo de gratuidad en educación superior, cuyos pilares dio a conocer en el mensaje del 21 de Mayo de 2015, no se puede dejar de mencionar las falencias de la propuesta y las serias inconsistencias con lo que se había comprometido el Gobierno; una reforma que asegurara inclusión y educación de calidad para los jóvenes de nuestro país.
El punto más relevante anunciado es que se cambiará el esquema de financiamiento, pasando de un mecanismo de subsidio a la demanda, por el de subsidio a la oferta (o “subsidio a una demanda regulada”) que se materializará en gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito, para el 70% más vulnerable. A partir del año 2016, para el 60% más vulnerable que asista a CFT e IP acreditados y sin fines de lucro o a Universidades del CRUCH.

A continuación se realiza una comparación entre el sistema actual y la reforma propuesta:

Impactos para los beneficiarios: En el actual sistema, los estudiantes obtienen becas y créditos, normalmente con un tope de beneficios -salvo excepciones como por ejemplo becas para Universidades del CRUCH- por lo cual de no quedar cubiertos en un 100%, existe un copago. Existen becas adicionales, de mantención y otros apoyos que benefician a los sectores más vulnerables.El acceso a becas tiene requisitos como el de acreditar la condición de vulnerabilidad y algunos de tipo académico en ciertos casos, en tanto el acceso a los créditos – principalmente el CAE- no es muy restrictivo; de hecho ha ido aumentando en cobertura llegando a abarcar, desde el año 2011, a estudiantes de todos los quintiles.

Con la reforma, dado que “discriminará según la institución a la cual asistan los estudiantes”, es bueno dar una mirada objetiva a la composición en nuestro país de la matrícula total año 2014 en educación superior (pregrado), según el tipo de oferta, es decir Universidades, IP y CFT, más su clasificación (privadas y CRUCH). En el Cuadro -más abajo- se aprecia que un 64% de la matrícula total de pregrado la captan instituciones privadas que no pertenecen al CRUCH.

Analizando de modo específico a las Universidades, se aprecia que un 54% de los estudiantes está matriculado en Ues. privadas no CRUCH, con sólo un 46% restante de estudiantes en Ues. del CRUCH. A su vez, en este último grupo, hay una mayor representación de los sectores con nivel socioeconómico alto, fenómeno que ocurre, dado el sistema común de acceso y porque eligen carreras universitarias en vez de técnicas y de modo preferente Universidades del CRUCH, a la vez que registran una menor deserción, en comparación con estudiantes que provienen de sectores vulnerables. Adicionalmente, si extendemos el análisis, más allá de la mirada numérica; es decir al considerar el costo financiero que se asocia a la formación de los estudiantes, se acentúa el fenómeno de que estudiantes de sectores con mayores ingresos, están mayormente representados en el costo total de formación de pregrado, puesto que eligen carreras más caras.

Y aún más, se puede vaticinar que la reforma favorecerá la migración de los mejores puntajes y NEM desde instituciones privadas hacia las gratuitas, acentuando que sean sectores menos vulnerables los que capten una importante fracción de los recursos para gratuidad. He aquí una inconsistencia entre el objetivo y el mecanismo propuesto, ya que ¿cómo podrá el Gobierno hacer realidad que los estudiantes más vulnerables puedan capturar parte importante de los recursos que entregará a las Universidades del CRUCH?

De modo similar, para el caso de los CFT e IP (que cuentan en el 2014 con una matrícula total del 86% y 73% respectivamente en I.E.S privadas), dado que el mecanismo de gratuidad las excluye, es de igual modo posible vaticinar numerosos riesgos e inconsistencias. Al limitar la posibilidad de recibir financiamiento público sólo a un “nicho” de CFT e IP, muchísimos estudiantes vulnerables quedarán sin la posibilidad de elegir la institución y la carrera, viendo restringidas sus opciones de educación superior sólo a la oferta estatal, a diferencia de la situación actual. En términos globales, los únicos que mantendrían todas las opciones serían los estudiantes que puedan pagar o conseguir créditos privados para acceder a instituciones privadas, representando por lo tanto esta reforma una grave transgresión a la libertad de elección de los estudiantes, transformando además al sistema en uno menos inclusivo y con aumento de la segregación.

Impactos para las Instituciones de Educación Superior (I.E.S) y efectos en el sistema: Es posible augurar un enorme riesgo para la solvencia y sustentabilidad de I.E.S privadas que no van a recibir aportes públicos, amenazando su continuidad, lo que podría ocasionar un retroceso en la cobertura de educación superior. Algunas de las I.E.S privadas existentes en el actual sistema cuentan “con vocación pública” y ofrecen proyectos educativos integradores, con matrícula mayoritariamente proveniente de sectores vulnerables; sin embargo se están viendo excluidas de la gratuidad, haciendo otra vez que esta reforma – tal como ha sido anunciada – no pueda comprenderse ya que presenta serias inconsistencias y consecuencias, limitando las opciones a los estudiantes y a la vez transgrediendo la diversidad de proyectos educativos, lo que ha distinguido al sistema mixto de educación superior, de tradición histórica en Chile.

El subsidio “a la demanda regulada” es muy restrictivo y deja estancado al sistema, lo cual es también muy preocupante, ya que la educación no es un commodity, ni existen carreras ni instituciones modelos. Asimismo, la enorme complejidad que existe para fijar los aportes públicos, particularmente la fijación de aranceles desde el Gobierno central, amenaza con dejar a algunas I.E.S subfinanciadas, existiendo el riesgo de que algunas instituciones opten por no adscribir al modelo de gratuidad, convirtiéndose en instituciones privadas, volviendo más segregado al sistema. Otra arista del modelo propuesto, es que no se ha dado a conocer los criterios que se emplearán para fijar la oferta de las instituciones que serán parte del sistema de educación superior gratuito, lo que implica diversos riesgos tales como la fijación de la oferta futura de profesionales sujeto a los recursos fiscales del momento, o a la priorización de educación dentro de un conjunto de políticas públicas. De igual modo, el financiamiento a las I.E.S en los términos anunciados, genera un riesgo de estancamiento del sistema, no permitiendo a las I.E.S evolucionar, pudiendo quedar más bien entrampadas en la situación actual. En consecuencia, la reforma anunciada va en dirección opuesta a la promesa de inclusión y calidad, ya que es discriminatoria, aumenta la segregación y produce estancamiento.

Cuadro : Porcentaje de matricula de pregrado 2014 (según clasificación de instituciones de educación superior)