Las universidades chilenas asociadas a la Corporación de Universidades Privadas, desean hacer públicos los principios fundamentales que las inspiran, y los propósitos que orientan sus actividades institucionales:

1.- Sostenemos que la legislación debe garantizar la autonomía de las instituciones privadas de educación, para definir y ejecutar sus proyectos institucionales en el marco del ejercicio de una libertad responsable, en donde reconocemos que la función docente radica primeramente en la familia, y en donde el Estado debe velar por los estándares de calidad de la enseñanza, por la integridad institucional y por el cumplimiento de los compromisos formales adquiridos en el momento de la fundación y legalización de cada proyecto.

2.- Creemos en la Libertad de Enseñanza. Promovemos y defendemos el derecho de los particulares a fundar universidades e instituciones educacionales en todos los niveles de la enseñanza obligatoria, es decir, desde la enseñanza pre escolar hasta la educación superior, y a gestionar esas instituciones con plena autonomía, en el marco del pleno respeto a los requisitos y exigencias que establezca la ley.

3.- Del mismo modo y en función del Bien Común General de los chilenos, pensamos que al Estado le corresponde tanto una labor de apoyo y supervisión sobre los emprendimientos privados en el mundo de la educación, como un rol proactivo en la creación y en la gestión de establecimientos educacionales en todos los niveles de la enseñanza obligatoria y superior, en concordancia con su obligación prioritaria e ineludible de garantizar igualdad de oportunidades educacionales de calidad a todos los niños y jóvenes del país.

4.- Creemos en la igualdad ante la ley y en la equidad que debe inspirar todos los actos del Estado y de las autoridades políticas de la Nación. Rechazamos, por lo tanto, toda discriminación que perjudique a un sector de la ciudadanía y muy especialmente aquellas que atenten contra la igualdad de derechos de los estudiantes chilenos, actos que adquieren un sello de gravísima ilegitimidad, cuando ellas afectan precisamente a los sectores con mayores necesidades y demandas de asistencia.

5.- Creemos que la educación es el factor de mayor movilidad social. Ningún país ha logrado salir del subdesarrollo, sin incorporar a la enseñanza superior, a los millones de jóvenes que esperan una oportunidad para poder cambiar sus destinos, accediendo a empleos de mayor calidad. Al Estado le corresponde apoyar proactivamente a las instituciones privadas y estatales que participen en ese esfuerzo, mediante subvenciones, becas y créditos que hagan posible que todos los jóvenes que reúnan las condiciones y méritos suficientes, puedan hacer realidad su vocación. En este contexto, creemos que el subsidio a la demanda –principio que distingue al sistema chileno- frente al subsidio a la oferta es el gran motor que guía nuestra búsqueda continua de la calidad de la educación y provoca la consolidación de la diversidad de nuestros proyectos educativos. Por lo tanto, estamos convencidos de que las ayudas de becas y créditos deben estar dirigidas directamente a los estudiantes y no a las instituciones. Y en el caso de que el Estado dirija recursos directamente a las instituciones, éstas lo transparenten –accountability- con el fin de legitimar su actuación en la sociedad.

6.- Apoyados en la libertad de enseñanza, promovemos y defendemos el valor de la diversidad, como un concepto fundamental en el mundo de la educación, que permite definir proyectos educacionales diferentes y hacer realidad la libertad de elegir, para que las familias puedan escoger de acuerdo a sus valores y visiones propias, la mejor alternativa para la formación de sus hijos. Es precisamente el respeto efectivo a este principio de la diversidad lo que puede garantizar la pluralidad de proyectos, y la provisión de programas educacionales con diversos tipos de sostenedores, estatales y privados. Así entonces, creemos que la libertad de enseñanza y la diversidad de los proyectos educativos, garantizan que los estudiantes y sus familias elijan de forma soberana el proyecto educativo más adecuado para ellos, sobre la base de sus mejores y legítimos intereses.

7.- Sostenemos que no existe un modelo único de universidad. Por el contrario, la experiencia internacional y la de las últimas décadas en Chile, demuestran que un sistema universitario que respeta la libertad de enseñanza y la autonomía de las instituciones, debe reconocer diversos tipos de universidades, realidad que a su vez debe ser recogida y respetada por los sistemas de acreditación, velando porque la búsqueda de la calidad, de la excelencia académica, y el cumplimiento de todos los estándares obligatorios, no conduzca a la uniformidad de las instituciones ni a modificar la razón de ser de cada proyecto. El Estado debe buscar siempre el cumplimiento de los estándares mínimos especialmente en la docencia, en la infraestructura y en el equipamiento, y velar por la integridad y la transparencia institucional y jamás pretender inmiscuirse en la modificación o cuestionamiento de un proyecto que ya adquirió el derecho a su plena autonomía institucional.

8.- La ley establece que las Universidades son instituciones sin fines de lucro. Lo asumimos como un mandato legal ineludible, más no existe razón alguna para imponer una restricción que implique que los sostenedores privados no puedan acceder a una justa ganancia o remuneración por sus inversiones inmobiliarias y por su participación en la gestión de cada proyecto, retribución que por supuesto debe estar sujeta a todos los controles de las superintendencias correspondientes para prevenir y evitar todo eventual exceso o abuso, y muy especialmente cuando existan prestaciones de servicios entre entidades relacionadas, situación largamente solucionada en nuestro ordenamiento jurídico. Es especialmente relevante favorecer la inversión privada en estos proyectos, para garantizar su consolidación y desarrollo, cuando a diferencia de las universidades estatales, las instituciones privadas no pueden acceder a muchos fondos estatales concursables, ni menos a los aportes estatales directos, como tampoco recibieron sus instalaciones y equipamientos con cargo al patrimonio Estatal. Entonces, la consiga a la que apelamos es que los concursos que son convocados por el Estado deben estar abiertos y en igualdad de condiciones para todas las instituciones –privadas y estatales- con el firme propósito de asegurar los resultados de excelencia que la comunidad demanda.

9.- Más aún, con una legalidad universitaria que asuma esta realidad, vemos como un bien superior el objetivo de eliminar todas las barreras injustificadas que puedan impedir la existencia de oportunidades reales para quienes desean abordar nuevos emprendimientos educacionales. Creemos firmemente que la legislación, nunca puede favorecer una concentración monopólica de la actividad universitaria o educacional en general, o lo que es peor, que por la mera autoridad de la ley se convierta en una actividad reservada exclusivamente para determinados grupos de poder o de grandes intereses económicos. Terminar instalando un modelo de tal manera restrictivo y excluyente en Chile, sería renegar de nuestra historia, que viene desde los inicios de la República, en la que cientos de miles de profesores y familias chilenas -a lo largo de los siglos XIX, XX y lo que va del XXI- han hecho posible la provisión mixta en la educación. Esta provisión mixta -la que defendemos de acuerdo a nuestros ideales- provoca una contribución sin precedente al progreso, la equidad y la movilidad social de nuestro país, muy especialmente en las regiones y en comunas periféricas a las grandes ciudades; sin perjuicio de que, además, representaría un retroceso de grandes perjuicios culturales y sociales.

10.- El gran cambio que ha vivido la actividad universitaria en el mundo desde mediados del siglo XX, es que el acceso a la educación superior dejó de ser un privilegio reservado exclusivamente para las elites. Las sociedades modernas y avanzadas, han construido sistemas cuyo gran mérito es garantizar el acceso y la más amplia cobertura social, sin dejar de velar por la calidad de la enseñanza profesional y universitaria. En Chile, la mayor contribución al desarrollo de un sistema universitario moderno y equitativo lo ha hecho el sistema privado, contribuyendo a lograr una cobertura que supera el 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años. Chile es hoy un país que cuenta con un capital humano, como nunca en su historia, donde las oportunidades para alcanzar una profesión son múltiples y diversas, y donde la movilidad social no es una aspiración sino una realidad que nos acerca a indicadores propios de países que superaron el subdesarrollo en cobertura, que ahora debe lograrse en calidad. En ese logro país, que a todos nos enorgullece, la contribución del sistema privado ha sido relevante, y su fuerza de emprendimiento ha sido y debe seguir siendo insustituible en el objetivo de hacer realidad el sueño común de un país mejor.

11.- Por lo mismo, cambiar el sistema a uno de trato preferente a instituciones Estatales, llevaría al país a la segregación máxima en educación como la que se vivió en Chile hasta los años ’80/’90 del siglo pasado. Por todo, estamos profundamente comprometidos con la formación de nuestros estudiantes universitarios -presentes en todo el país-, sus familias, nuestros profesores, nuestros funcionarios y toda la comunidad que nos motiva e inspira para alcanzar la excelencia y dar prosperidad a nuestra querida nación.