Lo lógico es que una ley específica defina qué instituciones son merecedoras del beneficio de gratuidad para los estudiantes más vulnerables. No una glosa presupuestaria…
Al anunciar el inicio de la gratuidad efectiva para los estudiantes pertenecientes al 60 por ciento más vulnerable de la población, el Gobierno sostuvo que esta iniciativa no podía ser general, sino restringida al Consejo de Rectores, dadas las debilidades del marco legal que regula la educación superior chilena. Sin embargo, no parece justo responsabilizar a miles de estudiantes, merecedores del beneficio, por las prioridades que el propio Gobierno ha definido. Por ello este anuncio fue recibido con gran rechazo por distintos sectores de la población.
En efecto, es ampliamente compartido el diagnóstico de que el sistema de educación superior carece de un marco regulatorio adecuado. Pero hay diferencias sobre cómo debería ser. El gobierno anterior envió un proyecto de ley que creaba una Superintendencia de Educación Superior y otro que reformulaba el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Si bien surgieron algunos cuestionamientos a estas iniciativas, ellas no parecían insalvables y, de hecho, el primero de estos proyectos fue aprobado en general en el Senado. Pese a ello, el actual Ejecutivo decidió no continuar su tramitación.
Frente al rechazo generado por los anuncios de gratuidad para los alumnos de algunos planteles, el ministro de Educación mostró una apertura a ampliar el beneficio siempre que las instituciones cumplan con algunas exigencias, pero que han sido hasta ahora planteadas de manera muy imprecisa. Así, se ha dicho que las instituciones no deberían ser controladas por empresas con fines de lucro, sin que quede muy claro la interpretación específica de esta exigencia, particularmente en el caso de las universidades; que ellas deberían tener una carrera académica, desconociendo la enorme heterogeneidad de las instituciones de educación superior, y que sean financieramente transparentes. Esta última exigencia hoy se cumple, ya que las instituciones de educación superior están obligadas a enviar sus balances al Ministerio de Educación de acuerdo con criterios definidos por este, e incluso se publica un análisis con esa información.
Algunos rectores y expertos han recomendado otras exigencias, todas muy legítimas, pero estas se deben discutir en el Congreso en una ley específica, en lugar de definirse en una glosa presupuestaria que determine discrecionalmente qué instituciones son merecedoras del beneficio de gratuidad para los estudiantes más vulnerables. Mientras esa ley no se dicte, la alternativa deseable es que los estudiantes de todas las instituciones que cumplan con las exigencias vigentes reciban el beneficio. Una opción intermedia es que para acceder a este beneficio ellas firmen un convenio que las comprometa a cumplir nuevas exigencias (que el Ejecutivo pueda querer establecer en una futura ley) en un plazo razonable. Así, podría conciliarse un trato no discriminatorio con el deseo de la autoridad de fortalecer el marco regulatorio.
Fuente: Emol
