No la promesa presidencial, ya que es evidente que hoy más que el cumplimiento estricto del Programa, lo que existe es una declarada voluntad en relación a los compromisos personales asumidos por la Presidenta, quien en su segundo mandato parece muy consciente de cómo quiere quedar en los libros de historia, y no hay duda que la promesa de gratuidad es de capital importancia, en forma similar al llamado legado presidencial de los mandatarios estadounidenses.

Como por ahora solo se conocen anuncios del envío futuro de leyes, pero no su contenido, es evidente que hay riesgos, que son variados y van por las siguientes vías:

En primer lugar, es necesario pensar primero en los estudiantes vulnerables por sobre el privilegio a ciertas instituciones para evitar situaciones como que un hermano sea beneficiado por sobre  el otro, simplemente por el lugar donde estudia, ya que en lo conocido, mejores instituciones han quedado afuera. Es decir, definir con mayor precisión a quienes requieren apoyo.

En segundo lugar, la situación económica que todavía no ha sido sincerada en su totalidad introduce un elemento de incertidumbre, ya que puede seguir deteriorándose, además que los recursos siempre son escasos, y existe presión para usarlos en alternativas de igual o mayor importancia, como por ejemplo lo es la salud.

En tercer  lugar, existe la necesidad que se establezca regulaciones estrictas para que las instituciones beneficiadas no crezcan inorgánicamente a través del país, afectando la calidad.

En cuarto lugar,  el camino no es el adecuado, ya que una glosa en una ley de presupuesto puede introducir muchas distorsiones, siendo necesario que esto se haga a través de una verdadera legislación educacional, ya que en un contexto que dificulte cumplir la promesa de universalidad y en medio de un posible  proceso de debate constitucional, existe el riesgo que lo provisorio dure muchos años, tal como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia.

En quinto lugar, todo lo hecho en educación demuestra su complejidad, por lo que existe el riesgo de volver a equivocar el diagnóstico. La solución pasa por un diálogo con todos los actores involucrados, un fuerte trabajo pre-legislativo y la disposición a conocer lo que contiene la reforma para posibilitar un verdadero intercambio de opiniones que conduzca a lo que todos quieren: una mejor educación que la que hoy existe.

En sexto lugar, los actores públicos y privados deben sentirse convocados y no descalificados. Se necesita por parte de la autoridad un cronograma de proyectos y acciones futuras, para que sean conocidas por los estudiantes y sus familias. También,  terminar con caricaturas y descalificaciones que no reconocen nada de lo avanzado por un sistema mixto.
En séptimo lugar, existe en este mismo año, la posibilidad de alternativas que no son un salto al vacío y en las que existe (buena) experiencia, como es el  fortalecimiento  del sistema de becas para quienes las necesiten.

En octavo lugar, como la ley de presupuesto va a terminar siendo aprobada hacia  el fin de año, existe un riesgo cierto de crear problemas prácticos para las instituciones,  ya que su planificación y convocatoria debe estar lista con bastante anterioridad. También la forma como publicite la autoridad es básica para evitar situaciones que pueden ser perjudiciales como estudiantes acampando  fuera de ciertas instituciones para ganarse un lugar y otros, terminando en carreras que no son las de su elección o vocación.

Por sobre todo, los riesgos radican en que no se le conceda  la importancia suficiente a la necesidad de priorizar en el escenario actual, que no se resuelva el tema de la discriminación, que solo se preocupen del acceso y no de políticas públicas para esa inmensa pérdida de recursos relacionada con la deserción en los primeros años, y que todavía se diga demasiado poco de los aún más pobres, quienes están afuera del sistema.

La gratuidad no es la panacea universal. Reconocer su justicia, pero también sus limitaciones es el primer camino para lo más relevante: que una vez alcanzado por Chile buenos niveles de cobertura, el desafío es la calidad.

Fuente: La Tercera