Gonzalo Vargas denuncia “discriminación arbitraria” por parte del Gobierno, además de calificar como anticonstitucional la medida en los términos que se han planteado hasta el momento.

El Rector de Inacap, Gonzalo Vargas, ha manifestado públicamente su rechazo frente a la iniciativa del Gobierno que, de acuerdo a estimaciones de Vertebral, entidad que agrupa a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales acreditados, y que el mismo preside, dejaría fuera a dos de cada tres estudiantes pertenecientes al 60% de la población más vulnerable del país.

El Gobierno ha señalado que el tema de la gratuidad se abordará de manera gradual. Sin embargo, usted ha señalado que se trata de una medida discriminatoria y arbitraria, pese a que éste es el primer paso.

Es que es así. Todos los estudiantes deberían tener acceso a los mismos beneficios del Estado, en función de su situación socioeconómica y en función de sus méritos académicos. Pero lo que el Estado está haciendo acá, al decir que sólo en algunas instituciones se puede hacer uso de este beneficio, con criterios que son subjetivos por lo demás, es restringir a los estudiantes el ejercicio de sus derechos. Aquí se define a priori a un grupo de instituciones que sí pueden entrar y a otras que no.

¿Cómo enfrentarán esta situación y cuántos son los estudiantes que ustedes proyectan que quedarían fuera de este beneficio? 

No hay nada que puedan hacer estas instituciones para ser incorporadas, lo que nos parece muy injusto y muy arbitrario. Hoy las instituciones que quedan excluidas tienen a 400 mil de los 600 mil estudiantes vulnerables. Y el ejercicio del derecho a la educación de estos 400 mil alumnos, en términos de igualdad ante la ley, quedaría vulnerado. En las condiciones que se han planteado hoy 400 mil estudiantes quedarían fuera de la gratuidad.

¿Pero han analizado la posibilidad de adaptarse a los requisitos planteados por el Gobierno?

No se nos ha permitido adaptarnos. En el caso de las universidades privadas, el propio Estado, a través de la legislación, las excluye. No hay nada que puedan hacer para pertenecer al Consejo de Rectores. Son fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, están acreditadas, pero no hay nada que puedan hacer para pertenece al Cruch. Por otro lado, en el caso de los IP o CFT la exclusión es por no ser corporaciones; pero tampoco se les ha permitido, a aquellas instituciones que sí lo deseen, transformarse en fundación o corporación. Entonces los estudiantes son discriminados arbitrariamente, porque no hay nada que la institución pueda realizar para ser elegible. Como digo, son discriminados por secretaría.

Tanto ustedes como Vertebral, el Consejo de Instituciones Privadas de Formación Superior y la Corporación de Universidades Privadas, han señalado que esto sería anticonstitucional.

Si bien es verdad que el pronunciamiento se debe hacer sobre la base de un texto legal, lo que se ha planteado hasta ahora sí lo es. Nosotros tenemos que esperar a que el Gobierno mande el proyecto de ley al Congreso para hacer el análisis de constitucionalidad, pero sobre la base de lo que está en este minuto lo que podemos decir que es que lo que se ha anunciado verbalmente, que no sabemos cómo se pronunciará en el texto, parece ser anticonstitucional.

Fuente: Publimetro