El primer anuncio de gratuidad fue desconcertante desde el primer minuto, toda vez que se basaba en la discriminación. En efecto, un porcentaje de alumnos iban a ser ayudados exclusivamente en función de la institución donde estudiaban.

Causó no solo sorpresa sino rechazo, ya que era lo que menos se esperaba, dado el programa con el que fue electo este gobierno. En segundo lugar, tenía un serio problema ético ya que los titulares de derechos son las personas y no las organizaciones. En tercer lugar, la discriminación era más patente ya que otras instituciones de educación superior del mismo o mayor nivel de acreditación quedaban afuera del beneficio, lo que era incomprensible si el objetivo radicaba en la calidad. Por último, se darían situaciones que incluso separaría a hermanos, exclusivamente por el tipo de institución beneficiada o no por la decisión gubernamental.

En los meses siguientes todo se complicó aún más, ya que el apresuramiento en decir que se estaba cumpliendo con una promesa electoral se enfrentó con dos escollos: el llamado “realismo sin renuncia” que demostró que no existían los recursos suficientes, y en segundo lugar, el apresuramiento quedó demostrado por la seguidilla de desmentidos, todos originados en la propia autoridad, que demostraba no tener los cálculos bien hechos.

Ahora se está a punto de cometer otro gran error: se establecería el cambio más importante en educación superior a través de una simple glosa en la Ley de Presupuesto. No solo asignaría recursos, sino sin ley educacional ni debate alguno, se establecerían requisitos discriminatorios, que además estarían sujetos a una futura y todavía desconocida reglamentación que por la vía de un resquicio de este tipo podría afectar fuertemente la autonomía universitaria, incluyendo la forma como se gobiernan las instituciones.

Va a ser un tremendo error, con la posibilidad que como muchas veces ha ocurrido en la historia de Chile, lo que se suponía provisorio se transforme en permanente, como es el habitual caso de los impuestos. Más aún, podría deteriorarse la situación económica y esta decisión destinada a durar un año podría prolongarse en los siguientes, toda vez que una vez concedido un derecho es casi imposible quitarlo.

La verdad es que existe otro camino más lógico y conocido. Se basa en la ley y el sentido común, ya que desde el momento que la autoridad anunció que la nueva legislación de educación superior se iba a discutir durante el año 2016, lo lógico es que allí se establezcan los requisitos de calidad necesarios para acceder a la gratuidad como también el sistema regulatorio del que hoy se carece. Esta legislación es necesaria para poder decidir quien obtiene qué beneficios y a cambio de qué, y sobre todo, el punto de partida, debe ser la necesidad del estudiante y su grupo familiar, y no el deseo de ayudar a algunas instituciones, estatales y privadas, que hoy pertenecen al CRUCH, y que son en el Chile de hoy una minoría de instituciones y de alumnos.

El camino que se propone es uno que solo debiera servir para este año como periodo de transición y consiste en algo mucho más simple: elevar a 100%las becas de quienes lo necesiten, con lo que se cumpliría la promesa electoral de que los padres que no pueden no paguen, que es al final lo que les interesa y en justicia corresponde. El gobierno sabe cuánta plata va a destinar y por este camino y a través de una institucionalidad ya conocida, se podrían entregar estos recursos, sin transitar el dudoso camino de una glosa presupuestaria, que además presenta dudas de su constitucionalidad puesto que vulneraría el derecho de igualdad ante la ley.

Además, este beneficio y los beneficiados podrían ser conocidos muy rápidamente, sin crear incertidumbre ni en las instituciones ni en las familias, ya que en algunos casos se va a tener que esperar a inicios del próximo año para saber si pueden o no recibirlo.

Así se asegura una gratuidad efectiva y no discriminatoria a los estudiantes más necesitados, otorgándosela en forma directa a quienes son los verdaderos titulares de este beneficio por este año 2016, y la política definitiva se define una vez que durante el curso del próximo año, el Congreso discuta y apruebe la legislación de Educación Superior para que en el futuro este derecho esté basado en una ley adecuada y no en una simple glosa.

Fuente: Cambio21