No se observa diálogo ni consideración de las opiniones de los diversos actores, pese a que las instituciones del sistema hemos sido insistentes en la búsqueda de instancias y en la disposición para debatir sobre un tema tan trascendente como es la Reforma a la Educación Superior.

No compartimos los nuevos planteamientos entregados por el Ministerio de Educación respecto a los años de cobertura que contemplará la gratuidad y la forma de establecer los montos que se entregarán en cada institución. Desde el comienzo hemos señalado que es inadecuada técnicamente la manera en que se está tratando de iniciar la gratuidad, y es sumamente injusta con los estudiantes de otras universidades, y particularmente de institutos profesionales y centros de formación técnica.

La fórmula actual parece beca pero no quiere llamársele beca, porque, en el fondo, a través del sistema de gratuidad se quiere introducir algunos elementos que deberían estar en la Ley de Educación Superior y, por lo tanto, corresponde debatirse en el Parlamento. Son asuntos esenciales el que se quiera introducir ahora el concepto de arancel regulado, aspectos del gobierno de las instituciones o la discriminación entre instituciones en cuanto a años de acreditación. Claramente eso no es correcto, es un abuso del concepto de gratuidad, ya que deben ser contenidos de un Proyecto de Ley.

Hoy, lo que es razonable, y técnicamente apropiado, es que se consideren los aranceles reales de las instituciones, porque de lo contrario se va a producir una diferencia donde se puede actuar en forma arbitraria para cubrirla o no. Nuevamente se evidencia obstinación y falta de capacidades técnicas para hacer lo que la propia División de Educación Superior ha dicho. La fórmula que hoy se presenta no es sorpresiva para nada, porque es la misma que nos fue planteada a las universidades privadas en marzo pasado. La propuesta no ha cambiado nada.

Por otro lado, los estudiantes que pertenecen a los porcentajes de las familias más vulnerables son aquellos que presentan más déficit que es necesario cubrir, y la probabilidad de que ellos se atrasen es mayor. Por lo tanto, financiarles sólo la duración formal de las carreras es actuar exactamente en la dirección contraria a las oportunidades que se desea equiparar. Lo que hay que proteger es que el tiempo no sea infinito, y por eso la tendencia en el mundo es a financiar uno o dos años adicionales.

El resultado de estos cambios en Educación Superior probablemente signifique que no va a existir una preferencia por los establecimientos públicos estatales. Es lógico que el Estado entregue más recursos a sus universidades, esencialmente para mejorar la calidad y no la cantidad, como se ha señalado; las universidades estatales tienen que ser el punto de referencia del sistema, pero eso no significa que sean las más grandes.

De la forma en que se han planteado los criterios, se estaría iniciando la gratuidad con una idea que fue entregada a la Presidenta el 21 de mayo para su anuncio, y que fue desarrollada en el Mineduc aparentemente sin reflexión, es técnicamente incompleta y queda la impresión de que los equipos que han estado trabajando no han demostrado gran competencia, porque hoy están planteando lo mismo que se dijo a inicios de este año. No se observa diálogo ni consideración de las opiniones de los diversos actores, pese a que las instituciones del sistema hemos sido insistentes en la búsqueda de instancias y en la disposición para debatir sobre un tema tan trascendente como es la Reforma a la Educación Superior.

Hugo Lavados, Rector Universidad San Sebastián.

Fuente: El Libero