Jaime Vatter, Rector de la U. Santo Tomás

Desde el primer anuncio sobre la gratuidad, hemos expresado nuestra oposición a la forma en que se quiere implementar el beneficio el año 2016. Nos hemos opuesto por la discriminación que representa dejar fuera a cientos de miles de estudiantes vulnerables y por los riesgos que significa establecer en una glosa presupuestaria requisitos que debieran ser parte de las reformas que se buscan introducir al sistema de educación superior.

Nuestra primera objeción –la discriminación– no necesita mayor argumentación para probar su validez. Las cifras son elocuentes: los estudiantes de educación superior de los cinco primeros deciles son más de 500 mil y la gratuidad llegará, en el cálculo más optimista, a 200 mil.

Nuestra segunda objeción –la inconveniencia de la glosa presupuestaria– ha quedado en total evidencia desde el momento en que se conoció el detalle de la Ley de Presupuesto. Y no son sólo las universidades privadas las que han expresado su disconformidad; lo están haciendo incluso las universidades del CRUCH, que son las que el Gobierno ha elegido preferentemente para dar inicio a la gratuidad.

Al margen del problema legal que vemos en la disposición, hemos podido comprobar que las fórmulas de cálculo de los recursos que se entregarían a las universidades que califiquen no coinciden con los requerimientos financieros de las instituciones, ya sean estatales o privadas. Las estatales, que están imposibilitadas de decir no a la gratuidad, quieren saber cómo van a financiar los déficits que se avizoran, mientras las privadas temen que el ingreso a la gratuidad les signifique un descalabro financiero.

Por todo lo anterior, insistimos en que el mejor sistema que el Gobierno tiene a su alcance es ampliar el plan de becas, de modo que éstas cubran el total de los aranceles de las universidades que cumplen los requisitos que se han impuesto. Es un sistema simple, absolutamente legal y no cuesta más de lo que hoy se pretende hacer. Y si los cálculos se hacen bien, es posible que los recursos alcancen incluso para reparar en parte la discriminación de la cual son víctima nuestros alumnos más vulnerables.

Fuente: La Tercera