Señor director:

Un cambio profundo en educación superior podría tener lugar a través de una simple glosa presupuestaria. En efecto, en vez de una ley específica de educación y sólo para este año 2016, se anunció que la promesa de gratuidad se haría por la vía indicada, lo que podría ser un error de vastas proporciones, quizás peor que el Transantiago.

Esa simple glosa podría determinar cupos, aranceles, forma de gobierno de las instituciones, duración de las carreras sin discusión ni debate educacional alguno, y sin que los beneficiados conozcan su situación hasta el próximo año, o si es necesario que los reglamentos vayan a la Contraloría. Lo peor es que podría ser inconstitucional al crear diferencias arbitrarias, perjudicando los derechos de la mayoría de alumnos, según la institución donde estudian.

Lo han dicho instituciones y especialistas. Sin embargo, no han sido escuchados. Tampoco se solucionan las principales desigualdades, la social y la territorial, ya que muchas regiones quedan sin IP o CFT que puedan acceder a lo anunciado.

Lo que se ha entregado ha sido tan poco estudiado, que no se conoce la letra chica y ha sido modificado nueve veces. Incluso, nadie está contento, ni siquiera las universidades supuestamente beneficiadas del Cruch.

Lo peor es que existe una alternativa completamente legal y simple para este año mientras se discute la legislación apropiada durante el 2016: la  ampliación de las becas al 100% para los que las necesiten, en las instituciones y a quien decida la autoridad en igualdad de condiciones, con lo que cumple su promesa electoral, sin un contrabando vía glosa, sin discriminación, sin segregación y sin disminución de la calidad.

Ojalá los parlamentarios recuerden sus deberes y dignidad constitucional.

Ricardo Israel
Vicepresidente Ejecutivo
Corporación de Universidades Privadas (CUP)