Artículo del profesor Ramón Berríos, Director de Planificación y Desarrollo de la Corporación de Universidades Privadas.
¿Qué espera la Presidenta para detener la gratuidad en la educación superior que le están implementando? ¿No es mejor ponerse rojo de una vez que tener que ponerse “naranja” todas las semanas? ¿No estamos todos claros que esta reforma ha sido trabajada por gente que improvisa, desconectada de la realidad vigente en la educación superior, además, altamente ideologizada?
Somos muchos los que, basados en nuestra experiencia universitaria, hemos tratado infructuosamente de buscar una explicación lógica a las propuestas del Gobierno. ¿Tiene sentido hacer una reforma que beneficia un porcentaje muy menor de los estudiantes que realmente optaron por los espacios abiertos a los más desposeídos, en particular los institutos profesionales y centros de formación técnica?
¿Tiene sentido tensar de esta manera el sistema solo para redistribuir platas que el Gobierno ya aportaba a los estudiantes más vulnerables? En el caso del CRUCH, definitivamente la puesta en marcha de la gratuidad no implica recursos adicionales. ¿Tiene sentido que ninguna de las universidades del Consejo de Rectores, al suscribir los compromisos para ingresar a la gratuidad, vaya a obtener más recursos de los que genera actualmente? Con el sistema de retribución diseñado, ninguna universidad obtendrá recursos extras y sí muchas de ellas generarán enormes déficit.
¿Tiene sentido que las universidades altamente selectivas y de primer nivel en nuestro país no puedan aceptar las condiciones impuestas? ¿No es mejor un diseño adecuado para ellas, reconociendo su condición especial? ¿Tiene sentido que con la forma de retribución propuesta se cierre prácticamente el ingreso a la gratuidad del grueso de las universidades privadas no tradicionales? ¿Se tiene conciencia del aporte y desarrollo que ha experimentado ese sector?
Desde la lógica, nada de lo realizado tiene sentido. El noble objetivo de la gratuidad se puede alcanzar por múltiples vías más inteligentes. Reorganicen las partidas previas al actual proyecto de presupuesto, sinceren de verdad los recursos extras de que se dispone, explicítenlos y, si no alcanzan, conviértanlos en un fondo para apoyar exclusivamente la gratuidad en las universidades estatales. No es una buena medida, pero al menos causa menos daño del que se vislumbra actualmente. Ya veremos cómo se amplía el beneficio a partir del 2017.
Ramón Berríos
Director de Panificación y Desarrollo
Corporación de Universidades Privadas