Hugo Lavados Montes Rector Universidad San Sebastián

“…cuando el Estado financia por completo a las universidades, su nivel de control es mucho mayor y, obviamente, puede fijar muchos elementos que definen el qué y cómo hacer en esas instituciones…”.

Que el estudiante elija dónde cursar una carrera universitaria es un paso lógico, y seguirá ocurriendo, aunque se otorgue gratuidad a través del financiamiento a las instituciones.

El hecho de dejar de financiar a los estudiantes, a través del sistema de becas, y hacerlo aportando los recursos directamente a las universidades, no cambia lo que los estudiantes y sus familias consideran esencial, y ellos, de todas maneras, optarán por alguna alternativa del sistema público o privado.

Resulta lógico que el Estado establezca un fondo para el financiamiento basal de las universidades estatales, lo que de hecho hoy existe, y nos parece legítimo que se busque aumentarlo. No obstante, para el resto del financiamiento el mecanismo no es lo importante, lo relevante es que esos recursos sean estables en el tiempo, y no estén fluctuando de forma tal que impidan la planificación a largo plazo de las instituciones. Es necesario tener presente que un estudiante que ingrese a una carrera universitaria en 2016 terminará no antes del 2020, en el mejor de los casos. Esos plazos obligan a tener proyecciones a cinco o 10 años, con problemas muy severos si los recursos disminuyen al año siguiente en forma inesperada.

Por otra parte, no se ha considerado en la discusión el financiamiento a la investigación. En las universidades se realiza más del 80% de la labor investigativa en Chile, que es financiada con recursos públicos, en su mayor parte. Se habla de financiamiento a las universidades, pero solo hemos debatido sobre el pago de aranceles.

Es cierto que la educación superior llegó a un tope en cuanto a financiamiento de las familias, y que para mejorar se necesita mayor financiamiento del Estado, pero no es recomendable que los recursos públicos sean los únicos disponibles, puesto que existe el riesgo de comprimir los presupuestos en escenarios económicos complejos. Para educación, es más estable el gasto de las familias. La experiencia indica que los recursos estatales son volátiles y pueden reducirse, como ha ocurrido recientemente en varios países europeos, también en las universidades estatales de Estados Unidos y Brasil, entre otros.

Es importante tener en cuenta que cuando el Estado financia por completo a las universidades, su nivel de control es mucho mayor y, obviamente, puede fijar muchos elementos que definen el qué y cómo hacer en esas instituciones. Ese es el tema de fondo en el debate sobre el subsidio a la oferta como único mecanismo para transferir recursos estatales a las universidades; la idea de regular aranceles, cupos, el gobierno de las instituciones, las nuevas carreras, más allá de su calidad académica, es el sueño de todo burócrata que piensa que puede saber mucho más y decidir mejor que las instituciones.

Por cierto, no se trata de tener una libertad total y defender el ejercicio de una autonomía absoluta; se requieren lineamientos que orienten la asignación de recursos públicos con énfasis en la calidad y orientados a los sectores o áreas del conocimiento que el Estado considere prioritarios, con mayor tasa de retorno social.

La solución que pretende dar el Mineduc a los aranceles para la gratuidad es mala, porque luego de intentar agrupar carreras para definir costos y aranceles, ahora plantea usar los aranceles para el CAE, corregidos por acreditación y con un factor de 20% adicional. Eso tiene ciertos aspectos absurdos, porque tener alumnos que no paguen directamente, a algunas instituciones les significaría recibir menos ingresos. Se ha convertido en una verdadera charada mal definida y peor resuelta.

Fuente: El Mercurio