LA REFORMA educacional tiene dos objetivos. Por una parte, incrementar las oportunidades educativas de los sectores de menores ingresos y, por otra, que esas opciones sean de calidad. Es decir, mejorar la equidad frente a la gran desigualdad socioeconómica que existe en el país, y elevar los resultados del sistema en todos sus niveles.

Si bien la reforma global de la educación superior es conocida en términos generales, tenemos evidencia clara sobre la política de gratuidad, incluida en la famosísima glosa del proyecto de ley de presupuestos 2016. Ella no tiene relación alguna con mejorar la calidad, y el objetivo de disminuir las desigualdades brilla por su ausencia.

Se está partiendo de la base de un diagnóstico erróneo, especialmente sobre las universidades del Cruch, que ya parece un mito urbano. En primer lugar, los jóvenes que estudian en esas universidades (de hecho en cualquier universidad) están muy desigualmente distribuidos, según los niveles socioeconómicos. En el segmento del 20% de ingresos más altos, 8 de cada 10 jóvenes están en la educación superior; en el grupo del 20% de ingresos más bajos, sólo 3 de cada 10 lo hacen.

Se observa que los alumnos de mayores ingresos están muy concentrados en las universidades más selectivas del país, entre las cuales están las de mayor tamaño dentro del Consejo de Rectores, que son tanto estatales como privadas. Los pocos estudiantes del quintil más bajo están, en su gran mayoría, en IP o CFT, y son los que más requieren apoyo. Eso no ocurre en la política propuesta.

LA REFORMA educacional tiene dos objetivos. Por una parte, incrementar las oportunidades educativas de los sectores de menores ingresos y, por otra, que esas opciones sean de calidad. Es decir, mejorar la equidad frente a la gran desigualdad socioeconómica que existe en el país, y elevar los resultados del sistema en todos sus niveles.

Si bien la reforma global de la educación superior es conocida en términos generales, tenemos evidencia clara sobre la política de gratuidad, incluida en la famosísima glosa del proyecto de ley de presupuestos 2016. Ella no tiene relación alguna con mejorar la calidad, y el objetivo de disminuir las desigualdades brilla por su ausencia.

Se está partiendo de la base de un diagnóstico erróneo, especialmente sobre las universidades del Cruch, que ya parece un mito urbano. En primer lugar, los jóvenes que estudian en esas universidades (de hecho en cualquier universidad) están muy desigualmente distribuidos, según los niveles socioeconómicos. En el segmento del 20% de ingresos más altos, 8 de cada 10 jóvenes están en la educación superior; en el grupo del 20% de ingresos más bajos, sólo 3 de cada 10 lo hacen.

Se observa que los alumnos de mayores ingresos están muy concentrados en las universidades más selectivas del país, entre las cuales están las de mayor tamaño dentro del Consejo de Rectores, que son tanto estatales como privadas. Los pocos estudiantes del quintil más bajo están, en su gran mayoría, en IP o CFT, y son los que más requieren apoyo. Eso no ocurre en la política propuesta.

El déficit de recursos que muchas universidades han acusado se produce por la fórmula de la glosa del proyecto de ley, porque el arancel que transferiría el Estado por cada alumno que no pague puede ser más bajo de lo que efectivamente recibe hoy la institución.

Luego, la fórmula sofisticada planteada por el Gobierno significa una disminución de la calidad para varias de las instituciones elegibles y, en el mejor de los casos, mantener los estándares para las otras organizaciones. Los recursos asignados en ningún caso permitirán una mejoría.

La razón es muy simple, pues todo proyecto que busque mejorar la calidad, en cualquier universidad del mundo, requiere más recursos, que no es posible obtener sólo por la vía de mayor eficiencia o recortando gastos en otras áreas, a menos que se disminuya el nivel de calidad de sus actividades.

No comprendemos las razones técnicas para no transferir un monto de recursos a cada institución, de acuerdo al número de estudiantes que entrega el mentado modelo, considerando por ejemplo el total del arancel de 2015. Por supuesto era más fácil haberlo hecho vía becas, pero fue descartado rotundamente.

Pero no han sido claramente explicadas las razones de fondo que justifican una política que es extremadamente discriminatoria para los estudiantes de otras universidades, IP y CFT. Como es evidente, los argumentos verdaderos no tienen que ver con la restricción de recursos, porque siempre es posible usar el mismo monto con el mismo número de beneficiados, de formas distintas y más equitativas. Además, lo democrático es que todos los elementos de regulación se incluyan en un proyecto de ley específico para la reforma.

Fuente: La Tercera