Durante muchos años, Chile buscó mejorar la cobertura educacional en todos los niveles. La mayor parte de los gobiernos del siglo XX vieron en la educación la palanca fundamental para impulsar el desarrollo individual y colectivo. Las políticas públicas apuntaron a lograr que la mayor parte de los niños y jóvenes chilenos accedieran a la educación, ampliando las opciones existentes y definiendo como prioridad fundamental que los recursos económicos de cada familia no fueran una barrera de entrada para asegurar la formación de las nuevas generaciones.

Chile fue exitoso en este cometido. En efecto, desde la perspectiva de la cobertura, nuestro país logró acercarse a la plenitud de la formación escolar básica y consiguió uno de los mejores estándares del continente en escolaridad media. Con posterioridad, con la formación de instituciones de educación superior privada, se pudo dar un salto extraordinariamente significativo, logrando que millones de jóvenes se formen anualmente como profesionales y técnicos en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.

Como toda obra humana, este proceso de mejoramiento admite perfeccionamientos, que contribuyan a su consolidación, al fortalecimiento de la calidad y al logro de mayores niveles de equidad e inclusión. Sin embargo, el proyecto de reforma a la educación superior chilena, particularmente en lo relativo al acceso de las familias al sistema de financiamiento, está inspirado en visiones completamente contrapuestas a la equidad, la justicia distributiva y la igualdad de acceso de los sectores más vulnerables a este segmento educativo.

Todos sabemos, y las autoridades también, que es en las instituciones de educación técnico-profesional donde estudian y se forman los alumnos más vulnerables de la educación superior del país. ¿Cómo se les explicará a esas familias que por el solo hecho que sus hijos estudien en entidades particulares quedarán al margen de todo beneficio de gratuidad estatal?. ¿Cómo entender la racionalidad que subyace en la decisión de marginar a los alumnos de la educación técnico-profesional de las ayudas del Estado?. ¿No habría sido más lógico mejorar el actual sistema de becas y créditos, ampliándolo a un mayor número de familias y estableciendo condiciones que garantizaran la calidad?

Este sistema que se pretende aplicar en educación superior es contrario a todas las orientaciones de las principales políticas públicas impulsadas en las últimas décadas. En materia de salud, por ejemplo, uno de los proyectos estrella ha sido el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (o Plan AUGE), que consiste precisamente en garantizar el acceso, la oportunidad en la atención, la calidad y la protección financiera en las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud de un conjunto de patologías.

El Estado buscó asegurar la calidad al otorgar la atención de salud garantizada por un prestador registrado o acreditado. La protección financiera se concretó mediante la contribución, pago o copago que deberá efectuar el paciente por grupo de prestaciones. En ninguna de las normas del Plan AUGE se establece una discriminación a los beneficiarios según la condición pública o privada del prestador de salud acreditado que lo atiende. Al Estado le bastó tener la certeza de que el prestador del servicio fuera de calidad, lo que se garantiza mediante un proceso de acreditación. Nunca nadie pudo afirmar que se trataba de un sistema ilegítimo o reprochable; existen prestadores públicos y privados, y sus resultados son apreciados y valorados por la población, y mostrados por las propias autoridades como uno de los logros más relevantes del país en materia de política social, en un área tan crítica como es la salud de la población.

Cabe entonces preguntarse, ¿por qué no se aplicaron los mismos parámetros doctrinarios y éticos en materia educacional y, al contrario, se discrimina a los que más necesitan de la ayuda del Estado?

Los alumnos de la educación superior técnico-profesional no piden ser tratados con mayores privilegios que los alumnos de las universidades del CRUCh. Sin embargo, la equidad y la justicia les otorgan el derecho a pedir ser tratados al menos de la misma manera que estos. La gratuidad debe ser un instrumento al servicio de la inclusión, jamás de la discriminación.

Jorge Narbona
Director de Vertebral
Rector de Instituto Profesional de Chile