Blog de Ricardo Israel

Me hubiese gustado escribir de educación y de la glosa de gratuidad, pero al redactar anoche estas líneas, solo se sabía que después de reuniones entre ministros y parlamentarios de la Nueva Mayoría (NM) se habían acordado temas como fondos AFI, aumento de becas y envío de proyectos futuros para votarla hoy y aprobarla, desconociéndose todavía las indicaciones concretas que permitirían lo anterior.

Todas estas dificultades para su aprobación revelan tantas cosas como si hubiese tenido un fácil despacho. Al respecto dos cosas: primero, lo que realmente se discute en el presupuesto es un porcentaje menor, toda vez que alrededor del 80% del presupuesto normal está fijado en diversas leyes, por lo que en segundo lugar, las diferencias políticas que surgen en su tramitación son un buen predictor de conflictos futuros, como ha ocurrido con salud y educación.
Lo que ha pasado con el proyecto estrella de la gratuidad es un ejemplo de varios elementos: en primer lugar, las dificultades de transformar una promesa electoral en política pública y en ley; como consecuencia de lo anterior, el laberinto en que se metieron las propias autoridades que las llevaron a marchas y contramarchas y al anuncio de al menos 10 cambios en su contenido; en tercer lugar, la falta de diálogo y la escasa disposición a escuchar a quienes desde un principio dieron a conocer los obstáculos de un cambio tan profundo, incluyendo limitaciones económicas que no solo tuvieron que ser reconocidas, sino que peor, se impusieron a los argumentos educacionales. Por último, que prácticamente ningún sector quedó satisfecho y casi todos presentaron objeciones.

Por sobre todo, la incomprensible discriminación contra estudiantes en la misma situación, pero con tratos distintos, y sobre todo, la inmensa cantidad de estudiantes aún más carenciados, que en cualquier escenario son dejados afuera, discriminación que no solo se da a nivel social sino también territorial, con las regiones que quedan afuera.
Este conjunto de situaciones llevó a un escenario político inesperado: que el gobierno no contara con los votos suficientes entre sus propios parlamentarios para aprobar la glosa tal como fue presentada, y se mantuviera la incertidumbre que quizás se despeje en el momento que Ud. lea estas líneas, lo que en si no va a solucionar el problema para muchas familias que no van a saber hasta el próximo año si están incluidas o no.

Además, todo indica que lo único seguro es que va a quedar gente descontenta no solo entre quienes quedaron afuera, sino entre los supuestamente beneficiados: universidades del CRUCH y federaciones estudiantiles. Además, también este tema tendrá un último capítulo en el Tribunal Constitucional (TC), ya que además de la discriminación señalada, hay un serio problema: aclarar si por esta vía se pueden determinar aspectos que necesitarían una ley distinta a la del presupuesto, tales como que el reglamento necesario para su implementación determine en definitiva cupos, aranceles y gobierno universitario, lo que la hace distinta a otras glosas que han entregado recursos variados a la educación, al convertirse en el cambio más profundo en décadas. Al respecto, existen precedentes, ya que en 1972, el Presidente Allende invocó con éxito en un tema de subvenciones educacionales que una ley especial y no la del presupuesto era el camino adecuado, según la sentencia.

Lo peor es que un sistema conocido como el de becas en la que el propio gobierno le entregaba los recursos disponibles a quienes los necesitaran evitaba los problemas anteriores, ya que según lo anunciado es solo una medida transitoria, ya que durante el año 2016 se van a discutir todas las leyes necesarias para la reforma de la educación superior, lo que hace aún más incomprensible el lío evitable que se ha creado. Y por último, si por razones ideológicas no se les quería llamar becas, un Fondo Nacional para la Gratuidad hubiese cumplido el mismo objetivo.

Aún más, otro camino hubiese ayudado a más estudiantes y familias que necesitaban ese beneficio. Es así como según un estudio de don Ramón Berríos ex Director del Demre y actual Director de Planificación de la CUP, el costo adicional no está nada de claro, y en el caso de las universidades del CRUCH sería mucho más bajo de lo señalado, por lo que por otra vía hay espacio para incorporar mejoras en las ayudas estudiantiles a los estudiantes vulnerables de “segunda categoría” (CFT, IP y universidades privada), sin adicionar al presupuesto anunciado para la gratuidad.

Esta situación que ha perjudicado al propio gobierno y sobre todo a familias necesitadas, y a la propia reforma deja varias lecciones para las leyes que van a reformar el sistema este 2016: la primera, es la necesidad del diálogo, para escuchar a todos los sectores para llegar al Legislativo con un proyecto sólido en lo técnico, consensuado y no impuesto; segundo, la necesidad de una actitud más crítica por parte de los medios de comunicación que no se limite a transmitir opiniones sino cuestione sus fundamentos; tercero, la propia opinión pública y electores que no se dejen llevar solo por las promesas y hagan el esfuerzo de analizarlas; cuarto, especialistas que hablen oportunamente y no después.

Por sobre todo, iniciar por vez primera la conversación en torno al verdadero objetivo que es la calidad, ausente hasta el momento. Es así como la comunidad científica está molesta por la falta de una mínima institucionalidad, y se está dando la paradoja que a gran costo, el Estado chileno ha invertido en la formación de muchos doctores en buenas universidades extranjeras que no están teniendo empleo a su regreso, y por cierto, para todo sistema de educación superior son un elemento clave para su mejoría.

Pero ello, significa una actitud distinta, ya que no se puede hacer sin escuchar a otros y sin la colaboración de todos, públicos y privados. Es la única forma de volver a pensar en lo fundamental y no caer en lo de siempre: una riña por pesos que no mejoran en nada la educación chilena.

Fuente: La Tercera