Los estudiantes de las universidades privadas han quedado excluidos de cualquier beneficio, en el marco de la gratuidad para un porcentaje de los alumnos de las instituciones del Cruch. Esta exclusión se ha dado pese a que ellos tienen las mismas características académicas y socio económicas de los demás jóvenes del sistema; esto reafirma la discriminación e improvisación constante en la política de gobierno desde el anuncio de la medida.

Los estudiantes de universidades privadas, cualquiera sea la definición de vulnerabilidad de la población, van a ser los únicos que no tendrán beneficio adicional alguno; en tanto, sus instituciones verán reducidos sus recursos por AFI a la mitad y no recibirán compensación por ello, producto de un acuerdo tomado irreflexivamente, tanto por el Gobierno como por los parlamentarios.

El gasto adicional de estas nuevas modificaciones será de unos $9 mil millones. Es decir, todos los días de debates, postergaciones, largas reuniones de ministros con parlamentarios, consultas de todo tipo, significaron un mayor gasto fiscal de US$ 12 millones, que será obtenido de ajustes en otras partidas. ¿Valió la pena un debate encendido y la fanfarria del anuncio?

Se ha demostrado un total desconocimiento del aporte e indicadores de las universidades privadas, así como un menosprecio por sus estudiantes. Las autoridades no conocen o valoran menos las características socioeconómicas y el esfuerzo con que llegan a término en sus carreras.

Por otra parte, algunos parlamentarios que habían señalado estar en contra de la glosa, ahora aprobaron una versión que favorece sólo a un grupo de instituciones, y que ni siquiera ha sido considerada como positiva por los propios IP y CFT. Uno supone que es un rol de los parlamentarios revisar y corregir situaciones discriminatorias en las políticas públicas, pero, en este caso, no lo han cumplido. Queda la sensación que el Sistema de Estadísticas de la Educación Superior es desconocido para algunos de nuestros políticos.

En muchos casos he visto a parlamentarios valorar explícitamente la labor de instituciones como la nuestra, y que votaron a favor el despropósito que comentamos. Por eso, es incomprensible que hayan estado a favor de discriminar a nuestros estudiantes y de perjudicar a las universidades.

Se continúa legislando contra la realidad, a partir de diagnósticos equivocados que tienden a reafirmar las preferencias de quienes formulan y aprueban las políticas. Esas preferencias necesariamente definen los objetivos, pero la base de una buena política es conocer desde dónde se inicia el camino para lograr esa meta. Con tal enfoque, se ha legislado en contra de la calidad y no se favorece la equidad; es muy lamentable que la discusión sobre este tema haya sido un embrollo permanente, basado en improvisaciones y prejuicios en el Ministerio de Educación y el Parlamento, sin tener el nivel de información que uno esperaría en quienes están diseñando una política pública tan trascendente, como lo es el futuro de la educación superior en Chile.

Fuente: La Tercera