Por ahora solo conocemos lo que anunció el propio Tribunal Constitucional (TC), en el sentido que “en cuanto a los requisitos de elegibilidad” se había acordado acoger la inconstitucionalidad por 6 votos a 4 en función de discriminación arbitraria. En uno de ellos (triestamentalidad) el resultado fue de 7 a 3.

Solo vamos a saber exactamente que se necesitará hacer en esta carrera contra el tiempo, cuando se redacten los considerandos de la sentencia, incluyendo la razonabilidad exigida. Anunciada para el 21, lo más probable que por deferencia, al menos el gobierno los conozca antes. Por ahora, no sabemos en qué forma afectará a instituciones del Cruch y fuera de éste.

Como es habitual que las sentencias del TC contengan votos particulares de los ministros, no sabemos si la sentencia se referirá exclusivamente a las formas de discriminación alegadas, o si también discurrirá en términos de fijar criterios generales que orienten el debate para la futura ley de educación superior.

En términos prácticos, también desconocemos si afectará al mínimo, excluyendo solo a los estudiantes de las pocas universidades CRUCH que no cumplen con los años de acreditación fijados por el propio gobierno o a una cantidad mucho mayor, posibilitando la extensión del beneficio a todas las instituciones que cumplan los mismos requisitos.
Como por cierto el TC no le va a decir al gobierno que hacer, si va por el camino que los requisitos sean iguales para todos los estudiantes que estén en la misma situación, el gobierno tendría que elegir alternativas tales como una ley corta, o cambiar gratuidad por becas u otras, que en todo caso, tendrían que evitar arbitrariedades que harían regresar el tema al mismo lugar.

Por el propio vocero Marcelo Díaz sabemos que el gobierno cuenta “con las herramientas que permiten dar comienzo a la gratuidad en las universidades del Cruch”, tales como convenios marcos para las estatales y aportes basales para las privadas tradicionales. También sabemos que hay integrantes y partidos de la Nueva Mayoría que rechazan la opción de becas. Y seguramente la decisión definitiva será de resorte presidencial.

El debate legislativo dejó en claro que las universidades privadas que están fuera del CRUCH importan muy poco y están al final de la cadena alimenticia, sean las más pequeñas o las de la cota mil. Importan menos que los CFT o IP.
También dejó en claro que la promesa original ha ido disminuyendo desde el 70% original como consecuencia de la situación económica, Políticamente se demostró que se debió haber escuchado a aquellos que desde el inicio anticiparon este resultado, por lo que nunca va a ser bueno buscar que en definitiva la política se radique en tribunales como tampoco hacer propuestas tan improvisadas como fue la glosa de gratuidad. Lecciones que esperamos sean aprendidas en el debate legislativo anunciado para el año 2016.
Existen alternativas que podrían aumentar la cantidad de beneficiados, partiendo por las becas o trasladar temporalmente recursos provenientes de postergar la compra de fierros que hoy se arriendan para entregarla a estudiantes y familias necesitadas. En ambos casos no deben existir otros criterios de elegibilidad que vulnerabilidad y calidad, siempre en un plano de igualdad, aceptando por cierto, que si el Estado quiere ayudar a sus universidades puede continuar el camino que ha seguido de aportes directos.

Es así como las universidades del CRUCH reciben el 98% del total de aportes estatales directos, y las privadas nuevas, solo el 2%. Más aún, según un estudio de Ramón Berríos para la Corporación de Universidades Privadas, la entrega de gratuidad al 50% más vulnerable de las universidades del CRUCH no significa recursos adicionales a los conocidos, pero podrían liberarse 170.000 millones para utilizarlos en becas….si es que así lo quisieran y no existiera un desprecio difícil de entender por este mecanismo.

Existen demasiadas personas que quieren que las universidades privadas que no están en el CRUCH simplemente desaparezcan. Son personas con poder en el Congreso. También en el Ministerio de Educación, ya que se “hizo trascender” un documento gubernamental que anticipaba como propuesta la alternativa que más lesiona la autonomía y que identifica al “mercado” como el nudo crítico para toda reforma.

El problema es que no considera una realidad en que la expansión del sistema se ha hecho con el aporte de los privados, que concentran no solo la mayoría de los estudiantes, sino también los más vulnerables, lo que ha permitido que en términos de inclusión y movilidad social, la cobertura del quintil más pobre sea hoy casi igual a la que tenía el quintil más rico en los 90s.

Si a ello le agregamos la infraestructura, las universidades privadas son parte de la solución y no del problema, lo que hace incomprensible este añejo cuestionamiento ideológico. Dos ejemplos al canto. Chile ha gastado grandes cantidades en enviar a mucha gente a hacer estudios de postgrado. Sin embargo, en un alarde de improvisación no se preocupó de tenerles trabajo al regreso, el que indudablemente se encuentra en universidades. El segundo es igualmente malo: el 55% de quienes estudian carreras de salud lo hacen en instituciones privadas, y se ha incrementado la política de negarles los imprescindibles campus clínicos. El problema es que de continuar así, el déficit de profesionales no se cerraría antes de 15 años.

Estos dos ejemplos nos llevan al problema de fondo: llegó la hora de pensar en acuerdos nacionales para soluciones globales en educación, salud y otras áreas, y ello parte, por reemplazar la confrontación por la colaboración, para que no dependan de un voto más o del precio del cobre, y se prolonguen en el tiempo.

Fuente: La Tercera