En entrevista publicada en La Tercera del 6 de marzo, la Sra. Ministra de Educación clarificó las tareas y prioridades para su cartera este año. En relación a Educación Superior, se alegró que la Presidente le hubiese concedido más tiempo para el proyecto de ley, aunque no va a ser concordado en reuniones prelegislativas, ya que “para eso está el Congreso”, trasladando allí el debate. En otras palabras, habrá un proyecto, pero este no “le va a dar el gusto a todos”.

Agregó que las conversaciones con el Ministerio de Hacienda conducen a una situación donde “antes de subir en deciles” se va aumentar la base de instituciones, es decir, un escenario donde se agrega un mayor número de universidades que cumplen los requisitos, al igual que Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que “funcionan en los hechos como instituciones sin fines de lucro”, siendo esto último junto a la acreditación los elementos básicos para incorporarse a la gratuidad.

Se espera una reforma a la educación superior donde el no pago esté vinculado a una ley y no una glosa, para culminar afirmando que de todas las reformas propuestas por este gobierno, la educacional era la “más significativa”.
En otras palabras, este año será decisivo, aunque está directamente condicionado por la situación económica, con un proyecto del que no se conoce todavía su contenido, y en que efectivamente no habrá un consenso prelegislativo, por lo que presumiblemente, las reuniones con el Ministerio serán similares a la de los rectores con la Ministra en el mes de enero, es decir, un simple seminario con expositores diversos, como alternativa a una verdadera y necesaria mesa de trabajo.
Lo anterior se da en un contexto donde el gobierno no obtuvo réditos políticos de la gratuidad, y si existieron fueron de corto alcance, pero donde al mismo tiempo, es innegable la voluntad presidencial de seguir adelante con sus promesas, figurando en forma prominente el tema educacional, como la reforma por la cual desea ser recordada e incorporada a los futuros libros de historia.

¿Qué echamos de menos?

En primer lugar, la necesidad que se haga claridad a la brevedad posible acerca de las nuevas reglas del juego que se proponen. No es que no se necesite regulación, por el contrario se necesita una mejor regulación, que se centre en la preocupación primordial por el estudiante, en un contexto de respeto a la autonomía.

En segundo lugar, claridad sobre el sistema de financiamiento, el que debe permitir la sustentabilidad de un sistema que tiene muchos defectos, pero ha logrado incorporar en forma masiva a la educación superior a estudiantes necesitados, figurando en el primer lugar, en inclusión y calidad en la región.

En tercer lugar, una institucionalidad que necesita definir temas tales como una superintendencia, subsecretaría y sistema de acreditación, quizás antes o al menos conjuntamente, con la definición de los alcances y quienes deben recibir beneficios, tanto instituciones como estudiantes.

En cuarto lugar, pensar en un sistema que supere al obsoleto y poco representativo interlocutor que es el CRUCH, el que responde a una realidad ya superado del siglo pasado.

La definición más importante que se echa de menos es la que salió del fallo del año pasado del Tribunal Constitucional, es decir, que la política gubernamental debiera centrarse en las personas más que en las instituciones, ya que son ellas las titulares de derechos y no las segundas.

En el caso de Chile creo que al menos ello significa dos cosas: la primera es que toda reforma debe tener como centro al estudiante y buscar ser solidarios con los alumnos y sus problemas. En otras palabras, si una institución de educación superior cualquiera entra en problemas, lo primero es pensar en ubicar o reubicar a los alumnos, sin perjuicio que después o paralelamente el Estado busque las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Para ello se necesita una estructura distinta a la del CRUCH, una Asamblea Nacional de Universidades u otras Instituciones de educación superior, que considere a quienes cumplan los requisitos fijados por el Estado en igualdad de condiciones. Así, tal como ocurre en muchos países, esta institucionalidad se hace cargo del alumno, mientras busca responsables el Estado, pero se consigue solucionar antes que nada el problema de los estudiantes, evitando situaciones que todavía penan como la de la Universidad del Mar. No es algo nuevo, ya que la primera vez que la CUP acudió ante la Comisión de Educación planteó esta idea de pensar primero en los estudiantes, para solo recibir palabras duras del Diputado Jackson.

Lo segundo y en esta misma línea, es que si el objetivo es la calidad, el gobierno y su proyecto debe preocuparse desde ya de las instituciones no acreditadas, tanto por razones de mejoramiento del sistema, como prácticas. En efecto, como es posible que se vean afectadas las instituciones más débiles, desde ya hay que pensar en cómo ayudar a que logren su acreditación, ya que de otra manera, miles de estudiantes podrían sufrir problemas, y la forma más eficiente de evitar lo anterior, es lograr que todos nos preocupemos de ellas, para que los estudiantes no se vean afectados y la calidad del sistema en su conjunto se eleve.

Lo anterior se puede obtener en la medida que se acepte el aporte de las instituciones privadas y reduciendo las desigualdades regionales.

Fuente: La Tercera