Es indudable que causó extrañeza que autoridades del Ministerio de Educación, rectores del CRUCH y estudiantes cruzaran acusaciones en torno a una cantidad de alumnos con gratuidad que no reunirían los requisitos para tenerla.
Las autoridades aseguraron que alumnos “falsearon datos”, que el Ministerio todavía no asignaba gratuidad para cursos superiores y solo habían preseleccionados. Lo estudiantes señalaron que en la página web figuraban como “beneficiados” y en esa condición se fueron a vacaciones y nadie les informó que el proceso no había concluido. Por su parte, un importante rector explicó “que no era fácil decirles a estudiantes o comunicarles que tienen un beneficio y después decirles que hubo un error y no lo tienen”.
Surge como primera pregunta si todos tienen algo de razón, y así es. De hecho, errores y datos equivocados y aun engaños se producen en muchas situaciones que tienen que ver con beneficios variados, tanto en emergencias como en datos entregados en encuestas para beneficios sociales. Más aún, la parte socioeconómica de la gratuidad está relacionada con un elemento que puede conducir a situaciones anómalas, ya que unos pocos pesos en el ingreso familiar puede determinar si se paga o si la educación es gratuita, Todo lo anterior puede ser total o parcialmente cierto, pero de lo que no hay duda es que la responsabilidad final corresponde a la autoridad educacional, además de tener que responderles a perjudicados y sus familias.
Más aún, se entregaron con publicidad la cantidad aproximada de beneficiados, lo que ahora es claro no debió haber ocurrido antes que se chequeara y cruzara la información, toda vez que el problema surge para estudiantes que ya están matriculados, algunos hasta en clases. ¿Qué hacen ahora? Es indudable que ha aparecido un problema difícil de resolver, una vez que el derecho ha sido otorgado, con o sin apego a la norma.
Una segunda pregunta es si esta situación se podía anticipar, y la respuesta es también afirmativa. De hecho, en estas mismas páginas de ”Voces”, el 8 de Diciembre del año pasado escribimos que “el supuesto beneficio puede transformarse en desilusión si en definitiva en marzo o abril…se modifica el listado de quienes quedan adentro”, y diez días después afirmábamos que como el sistema de gratuidad era nuevo, existían “alternativas que podrían aumentar los beneficios, partiendo por las becas”. Y como era un sistema ya establecido, sin problemas, era más aconsejable para un periodo de transición, mientras no existiera ley. De hecho, Ramón Berríos calculó para la CUP una apreciable cantidad que podría liberarse para estos fines.
Esta situación debe servir de ejemplo y enseñanza para que el próximo año no se repita. La solución sigue siendo la misma que siempre hemos sostenido: no repetir el error de” no dialogar ni recibir a quienes quieren ser escuchados” porque “educación es de los temas donde se necesita un gran acuerdo de todos” (Voces, 12 de enero de 2016)
Tener un diálogo técnico con IES públicas y privadas, del CRUCH y fuera de éste con las autoridades educacionales, es absolutamente necesario antes del envío del proyecto al Congreso, ya que allí la decisión es de naturaleza política, al ser esa su esencia.
Corresponde también a un escenario distinto a leyes aprobadas anteriormente en educación.
A saber, en primer lugar existe una situación económica distinta, más pesimista que optimista, donde ya se han hecho públicos ajustes a la educación superior, y donde los estudiantes beneficiados con la gratuidad solo estarían superando alrededor del 13% del total. Es indudable que con recursos escasos la situación puede hacerse aún más difícil, si es que crece la población a ser beneficiada, toda vez que una vez que un Derecho ingresa a una sociedad es virtualmente imposible retirarlo.
Lo anterior condiciona no solo las decisiones de la autoridad, sino también puede afectar seriamente la calidad de las instituciones, sobre todo, si en segundo lugar, se confirma la tendencia a que el aporte gubernamental a las carreras bajo la gratuidad esté bajo su costo, generando una presión financiera que ya ha sido denunciada por universidades de distinto tipo y tamaño.
En tercer lugar, los puntos anteriores también muestran algo que ha sido por un lado sorpresivo para algunos y desilusionante para otros. Es el rol de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) entidad que ha tenido un prestigio técnico reconocido. Por eso, no deja de llamar la atención que en su oportunidad se asegurara que la plata alcanzaría para después verse reducida. ¿No hubo participación de la DIPRES? ¿Cómo explicar una sobreestimación que alcanza a un porcentaje importante de los recursos frescos? ¿Cómo explicar la equivocación en el número de estudiantes elegibles?.
¿O en el número de instituciones que estarían en definitiva interesadas en ingresar a la gratuidad, pudiendo hacerlo?
A lo anterior hay que agregar otras dos situaciones que hay que evitar a toda costa en la gratuidad y en la futura ley de educación superior: primero, ya hay varios senadores que han dicho públicamente que le van a pedir al Mineduc que se revise y se hagan ajustes a la ley de inclusión, particularmente en plazos y arriendos o compras de edificios.
Segundo, un tema que ha sido pasado por alto, el que no basta con garantizar el acceso, ya que estudiantes que no han tenido las mismas oportunidades en la vida, necesitan apoyo en el transcurso de la carrera para poder tener éxito. Sobre todo que la gratuidad llegó para quedarse, y el debate girará sobre el porcentaje que el país puede financiar y no sobre su existencia.
Para terminar, lo dicho nos vuelve al principio: para abordar estos temas y sobre todo, el pendiente de la calidad y para tener como resultado un mejor sistema que el que hoy existe, se necesita iniciar a la brevedad posible un diálogo entre el Ministerio y todas las instituciones de educación superior, con mesas de trabajo y la disposición a escuchar a quienes trabajan y conocen el sistema, es decir, lo que no se ha logrado al día de hoy.
Fuente: La Tercera
