La decisión de negar el ingreso al sistema único de admisión a tres universidades privadas refuerza el sesgo estatal de la reforma educacional.
El Consejo de Rectores (Cruch) resolvió impedir el ingreso de tres universidades privadas -Autónoma, San Sebastián y Bernardo O’Higgins- al sistema único de admisión invocando razones totalmente ajenas a criterios de calidad y solvencia. La decisión, además de arbitraria y discriminatoria, refuerza la noción de que se busca avanzar hacia un sistema educacional cada vez más estatizado, relegando el aporte del sistema de educación privado.
Las razones que ha esgrimido el pleno del Cruch para esta exclusión son cuestionables, por las implicancias que conllevan. En particular, el organismo concluyó que en el caso de dos de ellas no fue posible acreditar que “no lucran”, lo que entonces las inhabilita para poder ser parte del sistema único de admisión. No deja de ser llamativo que mientras el Ministerio de Educación consideró que una de las universidades aludidas reúne los requisitos para formar parte de la gratuidad -entre los que se cuenta no perseguir fines de lucro-, el Cruch haya llegado a una conclusión diametralmente opuesta. Insólitamente, ni siquiera el Ministerio Público pudo acreditar la existencia de “lucro” en la investigación que llevó a cabo en la educación superior, por lo que el sesgo en el caso del Cruch resulta evidente. El propio rector de la Universidad de Chile profundizó en los criterios que se tuvieron a la vista. “Es quizás una forma que tiene el consejo de decir que si le parece que esa universidad no tiene antecedentes como para estar en el Sistema Único de Admisión, es porque también le parece que esa institución no tiene antecedentes para estar en la gratuidad”.
Este tipo de actuaciones discrecionales resultan perjudiciales para el desarrollo del sistema universitario, al quedar un proyecto educacional condicionado al criterio caprichoso de la autoridad o de un gremio como el Cruch, cuyas decisiones en los últimos años han desbordado el marco de sus atribuciones. Su misión es ser un “organismo de coordinación de la labor universitaria de la nación”, pero en los hechos se ha transformado en una entidad que se ha arrogado la potestad de intervenir en la política educacional, buscando crear privilegios para sí -con cargo a fondos del Estado-, excluyendo a universidades que han sido capaces de acreditar mejores estándares de calidad -según años de acreditación- que algunas estatales del propio Cruch.
Estas caprichosas actuaciones incluso repercuten al interior del propio Cruch, donde las universidades “privadas tradicionales” han hecho ver su molestia por tratos preferentes en favor de los planteles estatales. Peor aún, algunasuniversidades no estatales al parecer buscan la dictación de normas que a su vez permitan su distingo del resto de las universidades privadas. En palabras de uno de sus rectores, “universidades como la nuestra existen por decisión de la comunidad y del Estado, no fueron una iniciativa privada o empresarial”.
El objetivo de promover el desarrollo de nuevos proyectos educativos y avanzar hacia mejores estándares en la calidad se ven seriamente condicionados ante criterios discrecionales que buscan favorecer principalmente la educación estatal, lo que no sólo se refleja en las actuaciones del Cruch sino también en el trasfondo ideológico que cruza la reforma a la educación superior, que pone en riesgo la autonomía de los proyectos educacionales.
Fuente: La Tercera
