El 9 de mayo, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) entregó su Cuenta Pública. Al finalizar el acto, intervino su Presidente, don Alfonso Muga, quien hizo un muy oportuno análisis sobre la base de las minutas que se conocen relacionadas con la reforma a la educación superior.
Especialmente relevante fue su advertencia sobre la posibilidad de pérdida de autonomía y que la futura Agencia para la Calidad de la Educación Superior sea definida como un “servicio público”, lo que la podría transformar en dependiente de las autoridades del momento.
En palabras de Muga: “La concepción de la agencia como un servicio público descentralizado, dependiente del Mineduc y del Presidente de la República, no asegura la autonomía necesaria para este tipo de organismos”.
También entiende la importancia de la diversidad y que no debe existir un solo tipo de universidad, al señalar que se pueden evaluar todas las áreas “siempre y cuando se pueda distinguir la realidad de las instituciones según sus características propias”.
Agrega que concuerda que la acreditación tenga un número limitado de resultados posibles para “superar la confusión actual”, pero sin dejar de preocuparle el hecho que “los tres primeros niveles de acreditación propuestos implican una reducción de la autonomía “, que en la práctica le impediría a esas instituciones mejorar y progresar, ya que “no hay una articulación de acreditación y autonomía para mejorar la calidad”.
Critica el “carácter sancionatorio” que adquiere el resultado del proceso, lo que se contrapone con la “acreditación como acompañamiento”, que es el ideal. En otras palabras, una concepción “sancionatoria” “puede conducir al cierre de la institución” , mientras que un “proceso de acompañamiento” “promueve la mejora continua de entidades autónomas”
Lo anterior es importante no solo por la institución que preside, sino también por la experiencia y prestigio de Alfonso Muga, ex rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ex Director de Educación Superior del Mineduc y ex integrante del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior (2007).
Al referirse al desafío de la reforma del sistema de aseguramiento de la calidad, donde han existido más avances que retrocesos, Muga propone pasar de una primera fase de organismo público de evaluación a una segunda, en que “son las instituciones las que desarrollan… su gestión interna de calidad para asegurarla y promoverla”(p.3). Es decir, el gran salto que probadamente ha asegurado la calidad en los sistemas más avanzados.
Al analizar la obligatoriedad y efecto regulatorio de la acreditación institucional, en forma muy clara señala lo que es y no que no debe ser la acreditación: “El rol de la agencia tiene que ser actuar, de modo imparcial e independiente , en el aseguramiento de la calidad ….. como también es propio de las instituciones poder resguardar su calidad y progreso sin las distorsiones que emanarían de conocer que los resultados” (p.4)tendrían repercusiones irremediables sobre el futuro institucional y sobre todo, en lo que más debe importar, los propios estudiantes.
Al comentar a la agencia como servicio público descentralizado le preocupa la restricción que trae consigo que “la definición de criterios y estándares de evaluación…. sería adoptada en definitiva por la Sub Secretaría de Educación Superior” (p.5).
Al mencionar las Funciones de la Superintendencia de Educación Superior, la Comisión a través de su presidente advierte “sobre los riesgos de superposición de las funciones de ésta con los de la Agencia”, por ejemplo, en lo relacionado con viabilidad académica y financiera” para concluir el párrafo con reglas tan claves como “conflictos de interés y resguardo de los derechos de los estudiantes” (p.5).
En sus palabras finales concluye con algo que no debe ser olvidado por nadie que trabaje en educación: ”el sentido de la certificación pública que implica la acreditación…. trata de responder a la confianza de las familias y de la ciudadanía en general”.
Si me pareció tan destacable la intervención de Alfonso Muga, no fue porque concuerda con lo que dijeron los rectores de la CUP, ya que esa opinión es compartida en general por los académicos, sino por otras razones:
La primera es que la CNA de hoy no tiene nada que ver con la que avergonzó a todos, ya que se han hecho cambios muy profundos, que la hacen una institución muy valorada y profesional, que da grandes confianzas y que va camino a acreditarse ella misma a nivel internacional.Lo anterior no significa que no deba sufrir cambios (de hecho, hay que garantizar el debido proceso), pero deben ir en la dirección del mejoramiento y no de la supresión.
La segunda, es que en lo personal puedo dar fe del actual nivel de exigencia del proceso, por una triple vía: como presidente o integrante de comités (Ciencias Sociales y Derecho), como par evaluador, y como simple académico de universidades que han sido sometidas a la acreditación. Y si alguna duda tuviera, las palabras que expresó en Chile nada menos que la Presidenta de la Asociación de Entidades Acreditadoras de EE.UU. el año pasado sobre la CNA y el Consejo Nacional de Educación debiera ser prenda suficiente de garantía para pensar en un sistema que apunte a un equivalente a lo que es el Banco Central.
Pero la tercera y última razón es la más importante; que un académico pueda decir a las autoridades palabras sinceras es el mejor favor que se puede hacer a cualquier gobierno, que se perdería el día que esta función pase a ser cumplida por un “servicio público”.
Fuente: La Tercera